-Usted estaba en la casa de la activista hondureña Berta Cáceres el día que la asesinaron. ¿Qué ocurrió?

-El 2 de marzo es el día que los sicarios deciden llevar a cabo el operativo para asesinar a Berta Cáceres y, por aras del destino, yo estaba allí. Cuando entran a su casa, ella es asesinada de tres tiros y a mí me dejan herido. Piensan que estoy muerto.

-Ese día comienza para usted un mes infernal...

-Hay mucha gente implicada que tiene que ver con la empresa DESA. Sin embargo, el Gobierno de Honduras empieza a buscar la manera de criminalizar a la organización a la que Berta pertenecía: el Congreso Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). No logra imputarlo, a pesar de todas las trampas, mecanismos ilegales e inconstitucionales, por lo que decide hacer un secuestro de Estado: no sacarme del país y buscar pruebas en mi contra.

-¿Sintió miedo?

-La inseguridad del país era tal que decidí refugiarme en la Embajada de México en Honduras y allí esperar a que el Gobierno me diera la salida. Finalmente, y gracias a la presión de Naciones Unidas, del Parlamento Europeo y de redes nacionales e internacionales conseguí salir.

-¿Qué hizo Berta Cáceres? ¿Temía por su vida?

-Detuvo un proyecto para la construcción de una represa de una de las familias más ricas de Honduras y no solo eso, también hizo resistencia contra otros proyectos hidroeléctricos y mineros. Sobre ellos hay muchos intereses económicos y de las grandes transnacionales que invierten en la extracción de oro, plata o energía en toda la región centroamericana. Con su protesta tocó intereses muy fuertes en los que los gobiernos que forman parte del Banco Centroamericano de Integración Económica son responsables, pero también hay otros miembros que son socios y que, de antemano, sabían que había una violación de los derechos humanos. Ya había antecedentes. Berta Cáceres sufrió treinta intentos de asesinato, intimidaciones y amenazas. Tenía medidas cautelares.

-El asesinato produjo una gran conmoción internacional. ¿Frenó la violencia?

-Después asesinaron a otra compañera del Copinh y a día de hoy las amenazas continúan. Tomas Membreño, el hombre que sustituye a Berta en la coordinación del movimiento indígena, ha sufrido seis intentos de asesinato. La población garífuna también padece amenazas. Parecía que tras el asesinato de Berta se iba a parar, pero no. Es un país peligroso para defensores y periodistas. Desde 2010 más de 120 ambientalistas han sido asesinados.

-¿Qué consecuencias tienen estos proyectos para la población indígena?

-Generan masacres y desplazamientos de la población indígena. Hay una extracción voraz de oro y plata, de gas, petróleo o plantaciones de monocultivo de palma que tanto en Honduras como Guatemala o México están arrasando miles de bosques lo que implica la pérdida de biodiversidad, enfermedades y muchas muertes. La familia Facussé son los palmeros por excelencia y han estado asesinando a población garífuna a través de sicarios en la costa para ampliar el territorio. Sin embargo, hay una resistencia muy activa contra las empresas y gobiernos que están detrás de estos proyectos. Se han logrado detener muchos.

-¿Cómo avanza la investigación?

-Es un proceso largo. Ahora mismo están imputadas ocho personas, pero las líneas de investigación no están dirigidas hacia la autoría intelectual. No sabemos si estos ocho, entre los que se encuentra el gerente de la empresa DESA, fueron pagados o quién dio la orden del asesinato de Berta. Nuestra exigencia es que se elimine el secreto de sumario y se avance hacia la autoría intelectual. También que se lleve a cabo una revisión del resto de proyectos sin estudios de impacto ambiental o que han avanzado sin una consulta a los pueblos indígenas, y que se haga justicia ante tanta impunidad.

-¿Y cómo se puede revertir esta impunidad?

-Se debe aprobar el reglamento que aplica la Ley de Protección a Defensores, lo que implicaría darles derechos y tener una estructura que cuide y garantice los Derechos Humanos de las víctimas. Sin embargo, para el Gobierno sería un reto gigantesco aprobar el reglamento de protección de periodistas y defensores porque le implicaría hacer purgas en el ejército, la policía...Tendría una lista enorme. El mes pasado aprobó el nuevo Código Procesal Penal y se han aumentado las cláusulas que criminalizan al movimiento social.

-Ha pasado un año pero todavía no puede regresar a su país.

-Soy consciente de que siendo víctima y testigo de un asesinato de esta magnitud en México y Honduras estaba en permanente riesgo. Amnistía Internacional decidió acogerme dentro del Programa de Protección para salir de mi país mientras el proceso se aclara y finaliza el juicio. Ya veremos si avanza. Son seis audiencias. Vamos por la tercera.