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Un desdoble de 1.100 millones de euros Presa de Alcolea: camino del cuarto presidente

  • La Vía Rápida de la Sierra y el tercer carril de la A-49 se quedan en la cunetaLa transferencia 'urgente' de agua al Condado sigue en fase de licitación.

La red nacional de carreteras de la provincia no ha sufrido prácticamente ningún avance en la última legislatura. El proyecto emblema de los socialistas, el desdoble de la N-435 (en realidad, una nueva autovía, la A-83), está todavía sobre papel, con el primer tramo licitado; la denominada Vía Rápida de la Sierra ha quedado varada por la crisis y la contestación social y el tercer carril de la A-49 tendrá que esperar a mejor momento. Aunque en las últimas semanas se ha sumado una promesa de inversión: 29 millones de euros para mejorar los accesos al Puerto de Huelva.

La autovía Huelva-Zafra fue una de las grandes apuestas del PSOE de Huelva, que desarrolló toda una campaña a favor antes de llegar al Gobierno central. Entonces se convirtió en uno de sus principales compromisos en infraestructuras, que en la última legislatura ha estado en fase de proyecto. Hace unos meses se licitó el que se considera primer tramo de la nueva autovía, la variante de Beas y Trigueros, pero aún está en planificación el resto. Antes de contar con el impacto ambiental de la infraestructura, el Ministerio de Fomento ya reconocía en un documento interno su preocupación por los posibles los "problemas ambientales de gran envergadura", teniendo en cuenta que la autovía cruzaría el Parque Natural Sierra de Aracena de Sur a Norte. De hecho, el propio estudio informativo recogía la posibilidad de que el tramo de la carretera que discurre por el Parque quedase con un solo carril por sentido para evitar afecciones ambientales. De encontrarse éstas, no sólo se retrasaría el proyecto, sino que podría encarecerse por encima de los 1.100 millones de euros en los que ya está estimado.

La denominada Vía Rápida de la Sierra, prácticamente una autovía de 105 kilómetros que cruzaría el Parque Natural Sierra de Aracena (379 millones de coste), ha generado en los últimos años un importante rechazo social. Unido a la crisis económica, ha dejado la carretera en la cuneta: en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 la actuación se quedaba sin partida y Fomento se planteaba a mediados de año la ejecución de variantes de población en lugar de el proyecto inicial.

En el limbo se queda también el tercer carril de la A-49. En la actualidad se están realizando las obras entre las localidades sevillanas de Bormujos y Benacazón, con el compromiso de Fomento de finalizarlas en 2012. Pero más allá, el tercer carril queda en el aire: el Ministerio ya advertía en su documento interno que la ampliación en algunos tramos se realizaría "cuando el tráfico realmente los demande".

El desdoble de parte de la N-442, la autovía de Mazagón, aparecía ya en los presupuestos estatales, pero fue el ministro de Fomento, José Blanco, quien lo recuperó de la mano del establecimiento de la Red Transeuropea de Transporte. De este proyecto se derivará una inversión de 29 millones en la mejora de la red viaria de acceso al Puerto, en el que se incluirá la ampliación de capacidad del tramo de carretera que pasa por delante de las fábricas.

Quizás haya infraestructuras más reivindicadas socialmente, pero sin lugar a dudas, las hidráulicas están entre las más antiguas en la lista de pendientes de la provincia. En un territorio con buenas condiciones hidrológicas, el sector agrícola especialmente, aunque en general todo el empresariado, ha reclamado siempre el aumento de las infraestructuras hidráulicas para abastecer de agua superficial a los regadíos, consolidando así los existentes y posibilitando la ampliación del área de cultivos. Una reivindicación de décadas que sigue esperando a la construcción de la presa de Alcolea, la transferencia de agua al Condado e incluso las conducciones de la presa del Andévalo (estas últimas, a cargo de la Junta de Andalucía).

De la Presidencia de Felipe González data el proyecto de la presa de Alcolea, la primera que regulará el río Odiel. La tramitación del embalse se inició en el siglo pasado: tras lograr la declaración de impacto ambiental positiva la obra llegó a licitarse en el año 2000, pero sin que llegase nunca adjudicarse. Tras una ardua negociación para lograr la financiación, en la que la Diputación Provincial y El Monte llegaron a constituir una sociedad para adelantar el 50% del presupuesto que correspondía a los usuarios, en el año 2007 la Agencia Andaluza del Agua y la sociedad estatal Hidroguadiana llegaban a un acuerdo para la cofinanciación de la actuación. Desbloqueado el tema monetario, poco antes de las pasadas elecciones generales y autonómicas se licitaba por segunda vez la actuación; esta vez sí que llegaba a adjudicarse a finales de 2008.

Con el dinero sobre la mesa (52 millones de euros) y las empresas contratadas para la obra, la primera piedra no ha llegado a ponerse. En el interín, los problemas de contaminación de las aguas destapados por la Universidad de Huelva pusieron en duda la viabilidad del uso del agua de Alcolea, mientras el presidente de la Comisión Promotora de la Comunidad General de Regantes de Alcolea, Juan Antonio Millán, promociona la construcción de la misma como fórmula precisamente de descontaminar el Odiel y poder usar su agua. Camino de conocer su cuarto presidente del Gobierno, la infraestructura todavía está en el aire, aunque el PP ya ha garantizado que la ejecutará de ganar las elecciones y el PSOE vende como logro su adjudicación y próxima construcción; la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Medio Ambiente. Y el canal de Trigueros, asegura Millán, ya no es necesario.

Menos problemas conllevaba a priori el denominado trasvase del Condado, en realidad una transferencia de 5 hectómetros cúbicos aprobada por el Consejo de Ministros poco antes de las elecciones de 2008. Entonces se consideraba urgente la obra, que llevará el agua desde lo que fuera la Cuenca del Guadiana a la parte onubense de la del Guadalquivir, pero a día de hoy todavía está en fase de licitación por parte de la Junta de Andalucía. La actuación responderá a una antigua reivindicación social, llevando agua superficial hasta los cultivos de la zona de Lucena, Bonares y Rociana, permitiendo la clausura de unos 800 pozos (según cálculos de los agricultores) y aliviando así el acuífero Almonte-Marismas, que también surte a Doñana. Con 15 millones de euros de presupuesto, tendrá que ser adjudicada para su ejecución en la próxima legislatura.

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