NO resulta nada extraño que el PP, al que todas las encuestas serias sitúan desde hace meses como ganador en las próximas elecciones generales del 20-N, intente llegar a la inminente cita electoral sin desvelar el contenido de su programa de gobierno. Si explicitara su verdadera agenda política quizás el entusiasmo (relativo) de sus electores potenciales se enfriaría hasta alcanzar el punto mismo de la congelación. El umbral en el que lo líquido muta en sólido.

Lo que nos espera en la nueva etapa política que se abrirá dentro de algo más de una semana no es sólo un proceso de ajuste sobre las clases medias -cada vez más difusas, a tenor de los últimos estudios sobre desigualdad social- o el recorte del escuálido estado del bienestar, que en España nunca fue gran cosa (en comparación con Europa), sino algo bastante más trascendente: la reformulación integral de nuestro marco económico. Y, al cabo, de la propia soberanía. Lo que el PP llama las reformas.

¿Es malo cambiar las cosas? En absoluto. No queda otro remedio. Otra cuestión es cómo se aborde este delicado tránsito, que será doloroso. Cruento. Es un hecho admitido por todos que el enfermo está tumbado desde hace demasiado tiempo en la sala de operaciones y que tiene las constantes vitales inestables. Hay que operar de urgencia. Sólo podemos elegir entre uno de los dos cirujanos de guardia disponibles. ¿Quién es el mejor?

Cada uno deberá resolver esta incógnita por sí mismo. Con independencia de lo que se piense, lo que sí es evidente es que el programa de adelgazamiento económico exigirá cirugía invasiva. Y aquí es donde los silencios programáticos del PP hablan con una elocuencia manifiesta. Si es que se sabe -o se quiere- escuchar. Por otra parte, el discurso del PSOE de que con ellos el ajuste será más suave resulta inverosímil: ha sido el Gobierno de Zapatero el que, como les ocurre a todos los conversos de última hora, inició la senda de los recortes que ahora le tocará acelerar al PP.

el tapón del crédito

En la raíz misma de todo problema está el ladrillo. El boom inmobiliario. Las consecuencias de su singular alianza con la banca -privada y pública- durante los dos últimos lustros, la época dorada de la especulación. La afección del ladrillo en los balances bancarios, unida al cierre del mercado crediticio exterior, han taponado las arterias del sistema: la actividad bancaria. La economía real no recibe sangre. Y la máquina se detiene. A algunas empresas (y familias) el largo parón ya les ha matado. Otras están en tiempo de descuento.

De ahí la coincidencia de los dos grandes partidos políticos en la necesidad de eliminar la trombosis bancaria. La sequía de crédito continúa siendo pertinaz a pesar de los fondos públicos que el Estado ha inyectado en los últimos años a las entidades bancarias. La reconversión, insuficiente, parece no haber servido de mucho. Acaso porque ha obviado el fondo del problema: los activos del ladrillo, en su mayoría procedentes de los promotores inmobiliarios, son una ficción en los balances oficiales. Hasta que no se digieran no hay nada que hacer.

¿Cuál es el plan del PP para salir del atolladero? Misterio. El partido de Rajoy esconde sus cartas. Lo que significa que probablemente sean malas (para muchos). Alguna pista difusa, sin embargo, mostró esta semana en Sevilla Cristóbal Montoro, supuesto futuro ministro de Economía y Hacienda en caso de una victoria popular.

Montoro habló ante un foro sectorial -los constructores sevillanos- a una hora tardía -nueve de la noche- junto a un séquito plagado de dirigentes populares. De Sevilla no dijo más que obviedades -señal de que su conocimiento sobre los problemas de la provincia por la que se presenta es más bien discreto- y su discurso se centró en negar la mayor: jamás existió una burbuja inmobiliaria, mucho menos auspiciada por el PP, como denuncian los socialistas. Es una teoría bastante llamativa. Para tratarse de algo inexistente tiene un tamaño notable: la exposición de las entidades financieras españolas al ladrillo la fijó hace apenas unas semanas el propio Banco de España en 176.000 millones de euros. Una cifra que supone cerca del 12% de la inversión crediticia global.

El candidato del PP por Sevilla nos contó un cuento -el término es suyo- cuyo argumento asigna el mérito del milagro español de mediados de los noventa -ahora tornado pesadilla- a la liberalización, la privatización de las grandes empresas públicas y la doctrina del equilibrio presupuestario. Un fórmula exitosa a la que la construcción, en su opinión, sólo se incorporó en la última fase. Montoro también rechazó la tesis del PSOE que fija el inicio de la burbuja en la ley del suelo del Gobierno Aznar. "Una sentencia del Supremo nos impidió liberalizar el suelo porque esa competencia es exclusiva de las autonomías", vino a decir. Lo que no explicó es por qué durante ese mismo periodo la abundancia de terrenos, en contra de lo que defiende su partido, degeneró en un encarecimiento de los terrenos (rústicos y urbanos) que, unido al bucle tejido por las inmobiliarias y los bancos, terminó incrementando el precio de la vivienda y creando un mercado basado no en la verdadera riqueza, sino en las deudas familiares y empresariales. Sobre esto, silencio.

La directriz de Génova prohíbe a sus candidatos ser más explícitos a la hora de lanzar sus mensajes. Debemos pues leer entre líneas. Montoro dijo a los constructores que la estrategia de su partido va a consistir en sacar al mercado las viviendas sin vender -más de un millón, según algunos estudios-, limpiar los balances de los bancos "con fórmulas financieras" y asumir las evidencias, aunque sin culpar a nadie por los excesos del pasado. El perdón, es sabido, es una virtud cristiana.

El proceso de reactivación marcará la política fiscal: recuperarán la desgravación por compra y alquiler de vivienda (topada) y bajarán el IVA y el impuesto de transmisiones. "Vamos a hacer lo que hay que hacer sin complejos". Ahí se quedó. Sólo al final del acto, forzado por alguno de los asistentes (que en vez de palmear quería respuestas) admitió que en la agenda está reformar la ley estatal del suelo del PSOE, cuyo último reglamento -relativo a las valoraciones- se publicó en el BOE esta misma semana. "Hay que replantearse la regulación del suelo, su calificación y su programación". De sus palabras se deduce que una de las primeras medidas que el PP tiene en mente para reanimar al sector inmobiliario es volver a cambiar la normativa marco -las leyes urbanísticas son autonómicas- para lograr su vieja aspiración de que todo terreno susceptible de poder ser urbanizado pueda serlo. Justo el principio que, junto a la barra libre del crédito, nos ha puesto en el borde del abismo. A un paso del final. Paradójico.

Socializar las pérdidas

La reforma del PP busca impedir que la legislación socialista sobre la materia -que atenuó de forma tardía la espiral de la especulación urbanística- tenga repercusión directa en los balances bancarios, quebrados, más que por las viviendas impagadas por los particulares, por un enorme patrimonio -terrenos sin calificar, promociones a medias- que ya no vale lo que se pagó. De valorarse a precio real -rústico, en muchos casos- obligaría a las entidades de crédito a calificar como estéril su cartera de inversiones.

Es sólo el primer paso. La siguiente ficha que se moverá en el tablero, en el que jugarán la banca y los políticos, rara vez los ciudadanos, consiste en la creación de un banco estatal que asuma todos los activos tóxicos de la especulación inmobiliaria. Una opción que supone socializar las pérdidas de un negocio -el especulativo- cuyos beneficios nunca dejaron de ser privados. La fórmula del bad bank -inspirada en lo que Alemania hizo con el Hypo Real Estate, promoviendo incluso una modificación legal para desarrollar el modelo- ya ha sido reclamada por ilustres ejecutivos bancarios. Y con condiciones: "El precio de los activos debe ser el correcto". ¿Qué significa esto? Adquirir todo el excedente inmobiliario a un precio irreal (dado el mercado actual) para dejar sin riesgo a los bancos y que vuelvan a dar créditos. La cuadratura del círculo. El ciudadano que compró su vivienda a un precio inflado asumió un riesgo que está blindado por las cláusulas hipotecarias. La banca, en cambio, lo derivará al Estado. Y el Estado, ya se sabe, somos todos.