En unas declaraciones recientes, el patrón mayor de la cofradía de Tarifa, Manuel Peinado, instó a la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, a que defienda en CITES (la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas) la declaración de los pescadores andaluces como "especie en peligro de extinción". El comentario, a cuenta de la propuesta de la reforma de Política Pesquera Común de la UE, estaba cargado de ironía, pero refleja la crudeza de la situación de un sector artesanal que languidece sin remedio. En los últimos cuatro años, el cerco y las almadrabas han encontrado en el Gobierno declaraciones de apoyo y algunas medidas de impulso, como la prórroga del acuerdo pesquero UE-Marruecos, pero el apoyo estatal ha sido tibio y nunca ha generado satisfacción ni ha ofrecido garantías de futuro al sector, que sobrevive con lo mínimo.

Las almadrabas son el exponente del ocaso de la pesca. En 2008, cuando la comunidad internacional estableció los primeros límites a la captura del atún rojo por el riesgo de desaparición de la especie, las artes pescaron 1.183 toneladas y denunciaron que el negocio se había situado al borde de la rentabilidad. Este ejercicio, han cerrado la campaña con poco más de 680 toneladas desembarcadas. Han transcurrido tres años de recortes, una agonía sin solución.

Juan Mari Arzak, el maestro de la alta cocina nacional, describió de forma ilustrativa la diferencia entre las artes almadraberas y las flotas industriales de atún rojo: "Unos son artesanos y pescan con las manos, y otros pescan con barcos que parecen portaaviones, como si fuesen a la guerra". Durante los últimos años, los almadraberos han defendido con perseverancia este carácter artesanal de su actividad para lograr mayor apoyo del Gobierno, tanto en el reparto de la cuota interna como en la negociación en Bruselas, pero siempre han chocado contra un muro.

El Ministerio de Medio Marino no ha querido provocar enfrentamientos con la flota industrial, principalmente catalana, y su apoyo a las almadrabas no ha tenido la convicción necesaria. Hay un ejemplo en la última campaña: el Ministerio reguló la pesquería del atún cuando la temporada almadrabera ya había terminado, pese a la insistencia de la propia Junta de Andalucía y la perplejidad de los empresarios gaditanos.

Otras peticiones del sector han sido ignoradas por el Gobierno central en la última legislatura, como la modificación del reparto interno de la cuota española, de forma que los pescadores artesanales tengan privilegios sobre la gran flota industrial, responsable de la esquilmación de los caladeros.

En el capítulo de impulsos a la actividad sí quedan las aportaciones económicas que el Gobierno está haciendo para sufragar un plan científico para el estudio del atún rojo en Cádiz, un montante no desvelado pero que en la última campaña ha sido vital para las cuentas de los empresarios jandeños.

No es mejor la situación de la flota de cerco, una actividad en decadencia pese a que los pescadores han podido beneficiarse durante los últimos cuatro años de la vigencia del acuerdo con Marruecos, que permite al cerco gaditano faenar en aguas vecinas. El convenio está vigente desde 2007 -desde el inicio de 2010, gracias a una prórroga de un año y medio acordada entre la UE y Marruecos-.

Una veintena de embarcaciones barbateñas tiene licencia para pescar en la costa del país vecino y el 70% de las descargas de la lonja del pueblo procede de aquellas aguas. Aunque para los pescadores el acuerdo es decisivo, el texto en vigor es solo un acuerdo de mínimos que no satisface sus demandas pero que hay que aceptar porque "poco es mejor que nada", tal y como razonan los patrones.

Los límites geográficos a la faena, la sobreexplotación del caladero, la imposibilidad de utilizar luz, la inseguridad de los lances y la descarga obligatoria de género en los puertos del país vecino son algunos de los inconvenientes del acuerdo que el Gobierno español, maniatado por los intereses de los países de la UE y de Marruecos, no ha conseguido resolver.

La capacidad de influencia de Madrid en Bruselas también se mide en este último tramo de año, en pleno debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común. Las cofradías gaditanas han alertado al Gobierno de que hay varios puntos del borrador publicado que hundirán a los pequeños pescadores. Aun así, son conscientes de que las decisiones que afectan a su futuro se tomarán muy lejos del Golfo.