Elecciones Generales 2011

El PSOE reactiva el conflicto en la Cuenca de la mano de los ERE

  • El secretario provincial socialista culpa al PP de "poner en la picota" a los trabajadores incluidos en eL auto judicial de Alaya. Mario Jiménez advierte que podría paralizarse el pago de las prejubilaciones.

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LA pólvora de los ERE aviva las llamas de la batalla electoral de la Cuenca Minera. Ese parece ser, al menos, el objetivo del PSOE. En plena campaña, un nuevo auto de la juez sevillana Mercedes Alaya ha puesto el foco sobre el expediente tramitado a principios de siglo en la Faja Pirítica de Huelva, por el que se prejubilaron casi 800 trabajadores tras el cierre progresivo de todas las explotaciones. Y, más allá del procedimiento judicial, ha dado un nuevo argumento a la guerra política en la Cuenca, con el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, acusando al PP de "poner en la picota a más de 900 familias", que podrían incluso ver paralizados los pagos de las prejubilaciones, advirtió.

La juez Alaya pone en duda el procedimiento seguido para seleccionar a los empleados que accedieron a la prejubilación. Para comprobar la corrección de ese proceso ha requerido los datos de todos los mineros incluidos en el plan de la Faja Pirítica e incluye en su auto los nombres de los afectados. A ello hacía referencia ayer Jiménez, considerando "lamentable" ese listado de nombres de mineros "que ahora se ven acusados como si fueran delincuentes". ¿La culpa?, del PP, que "se ve incapaz de llegar al poder por la vía razonable", aseveró Jiménez, en una crítica lanzada desde la sede onubense del PSOE rodeado de los dirigentes de su partido en la Cuenca. Y una posible consecuencia, miedo en el cuerpo para los mineros afectados: "Se corre el riesgo de que se paralice el pago de las prejubilaciones durante el proceso judicial. Si se tiene una sospecha así, ¿se sigue pagando?", alertó el socialista.

Esta confrontación política no es nueva; desde el inicio de la instrucción sobre los expedientes de regulación de empleo y las ayudas públicas otorgadas al respecto, el nombre de la Faja Pirítica se puso sobre la mesa. Ya entonces hubo cruce de acusaciones y culpabilidades y ayer, a cinco días de las elecciones generales y a escasos meses de las autonómicas, el PSOE incidió en recordar que fue el PP el que aprobó el expediente cuando estaba en el Gobierno central. Por ello, Jiménez criticó que aparezcan en la comunicación judicial los nombres de los mineros y no "los de los responsables políticos".

Es "curioso" el hecho de que "sabiéndose que el responsable fue el PP, porque [Juan Ignacio] Zoido", alcalde de Sevilla delegado del Gobierno en Andalucía en aquellos años, "reconoció que había revisado las listas, sea Zoido el que pretenda meter en la cárcel y dejar sin su renta a 900 familias", aseveró Jiménez, quien también reclamó "que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables políticos". Si se detecta algún intruso en el ERE de la Faja Pirítica será porque "ha mediado la decisión de un órgano administrativo y órgano político". "La responsabilidad tiene un nombre", insistió.

En paralelo a la batalla desde la capital, sobre el terreno el PSOE desplegaba al consejero de Economía, Antonio Ávila; el candidato número al Congreso, Javier Barrero, y su homóloga en el Senado, Petronila Guerrero, quienes visitaron la Cuenca Minera para resaltar la labor de los gobiernos socialistas en pro de la comarca.

El consejero reafirmó la postura clara y directa del Gobierno andaluz a favor de la reapertura de las minas de Riotinto "porque posibilitará el renacer de la comarca y generará riqueza y empleo en el territorio". No obstante, advirtió, antes de esa apertura es necesario minimizar riesgos y maximizar garantías para asegurar la sostenibilidad de la actividad y, sobre todo, el empleo. "Por eso apoyamos un proyecto que sea viable y respetuoso con la normativa vigente", aclaró.

Según Ávila, todo apunta a que aumentarán las explotaciones mineras en la provincia onubense, donde actualmente la administración regional tiene en tramitación 23 permisos de investigación de nuevos yacimientos, con una inversión prevista para este año de 2,7 millones de euros. "Les adelanto que 12 de estas exploraciones están bastante avanzadas y han localizado nuevas reservas de cobre, zinc, plomo, oro y plata, y otras tres están en vías de tramitación: Ormonde España S.L. en La Zarza; Lomero-Poyatos, proyecto de Corporación de Recursos Ibérica; la ampliación de Matsa en Almonaster la Real y Minas de Riotinto, proyecto de Emed Tartessus", destacó.

Desde el foro de minería celebrado ayer en Riotinto, Ávila repasó el trabajo realizado por la Junta de Andalucía para facilitar la reapertura de las minas, desde el desbloqueo de la difícil situación jurídica en la que se encontraba la mina hasta la recepción oficial del proyecto completo de explotación por parte de Emed Tartessus, pasando por los últimos documentos adicionales requeridos a la empresa para avanzar en la adecuación del proyecto. "Somos conscientes de la complejidad que supone la reapertura de la mina de Riotinto. Por eso vamos a seguir en la misma línea de colaboración con la empresa, de modo que puedan responder de la manera más rápida y rigurosa a los requerimientos informativos. Nuestro objetivo es común: conseguir un proyecto viable, que nos permita abrir la mina cuanto antes y que sea sostenible económicamente en el tiempo", comentó.

Según Avila, la Junta siempre ha apostado por el crecimiento económico y el aprovechamiento de los recursos de la Cuenca Minera onubense. "Más si cabe en estos momentos, cuando nos encontramos con un contexto de mercado favorable para el resurgir de la industria minera andaluza y onubense". En el salón, los desempleados que integran la Plataforma de Acción Minera, PAM, recibían estas declaraciones con pancartas en las que se podía leer: "Queremos comer, dejarnos trabajar".

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