EL candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha propuesto que no se puedan realizar pagos en metálico superiores a 3.000 euros con el propósito de poner cerco al dinero negro. En España, según diversos organismos oficiales, el peso de la economía sumergida se sitúa en torno al 20% o 25% del PIB (frente a una media del 15% de los países más desarrollados de la UE) lo que llevado a euros quiere decir que anualmente se mueven unos 240.000 millones de euros ajenos a toda tributación fiscal. Rubalcaba sabe de lo que habla porque Hacienda tiene bien identificado el origen de esa bolsa de fraude: los profesionales liberales y las operaciones de compra-venta, especialmente las de carácter inmobiliario. A la espera de su concreción, nadie podría poner objeción alguna a la iniciativa, sobre todo los millones de trabajadores por cuenta ajena que dependen -dependemos- de una nómina. ¿Pensarán lo mismo quienes pertenezcan a los sectores señalados como fuente del fraude? Es poco probable que la idea de Rubalcaba triunfe entre ellos. El PSOE debiera aprender de Rajoy y de su agenda oculta: hay medidas que no deben figurar en un programa, mucho menos cuando se trata de meter al personal en cintura. Lo veremos.

Por lo pronto, unos y otros podrían empezar por dar ejemplo y contestar sin irse por peteneras cuando se les pregunta por sus respectivos presupuestos de campaña y sus fuentes de financiación. Mal empezamos.