El mapa financiero ha sufrido una transformación radical a lo largo de la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La suma de la crisis financiera internacional y la propia de España ha marcado el fin del modelo de cajas de ahorros tal como se ha concebido en los últimos 150 años. También ha supuesto la reducción del número de entidades de ahorro, que han pasado de 45 a 15 en menos de cuatro años, y no se descartan nuevas integraciones.

Lejos quedan los golpes en el pecho del Banco de España y del Gobierno vanagloriándose de la fortaleza del sistema financiero nacional gracias a su previsor sistema de provisiones anticíclicas y su mínima exposición a los activos tóxicos estadounidenses que originaron la crisis. El enemigo estaba en casa y respondía a los nombres de burbuja inmobiliaria, una política de concesión de créditos basada más en criterios de amiguismo que de profesionalidad e injerencia política.

Las crisis interna y externa formaron la tormenta perfecta. La digestión del empacho del ladrillo y el incremento de la morosidad acrecentaron la necesidad de liquidez de las entidades españolas. Éstas, a su vez, no encontraron ninguna ventanilla abierta en el mercado interbancario debido a la desconfianza entre la banca internacional por el contagio de la crisis subprime. Las consecuencias son palpables: el grifo del crédito cortado para familias y empresas, tres cajas intervenidas, otras tres nacionalizadas y más de 22.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas invertidos en la recapitalización de las cajas a través de las dos convocatorias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Tampoco hay que olvidar el coste laboral: el Banco de España estima que la plantilla de los nuevos grupos ha disminuido en un 16,9% de media.

Pero no todo es negativo. El mapa financiero español cuenta ahora con actores mejor capitalizados, más solventes, con una gestión profesionalizada y sometidos al escrutinio del mercado. El camino no ha sido fácil. El Banco de España optó por fomentar la integración de las cajas más pequeñas para que tuvieran acceso los mercados de capitales. En julio de 2010 entró en vigor la nueva Ley de Cajas, que reguló la profesionalización y reducción de los cuadros directivos a la par que consagró un nuevo modelo societario basado en el traspaso de la actividad financiera de las cajas a un banco. Entre tanto, el Estado se vio obligado a intervenir tres cajas, que simbolizan casualmente -o no- un reparto de la responsabilidad moral del desaguisado: una entidad vinculada a una comunidad gobernada por el PSOE -CCM-, otra radicada en un feudo del PP -CAM-, y una tercera en manos de la Iglesia -Cajasur-.

La convalidación del Real Decreto-ley 2/2011 el pasado mes de marzo marcó un punto de inflexión: los nuevos grupos tenían de límite hasta el 30 de septiembre para elevar su ratio de capital principal al 8%, exigencia que se elevaba al 10% si se optaba por seguir operando como una caja de ahorro tradicional, vía que sólo han seguido Ontinyent y Pollença.

La Caixa traspasó su negocio financiero a su filial Criteria, que ya cotizaba en Bolsa, y no tuvo necesidad de recapitalizarse. También superaban el listón del 8% otro grupos importantes grupos como Unicaja, Ibercaja, o las tres cajas vascas, que finalmente optaron por fusionarse. Bankia y Banca Cívica fueron capaces de salir al parqué con éxito a final de julio en medio de una tormenta bursátil por la crisis de la deuda de España e Italia. Y BMN y Liberbank captaron el capital privado a través de otros instrumentos como la emisión de bonos convertibles.

Las reticencias de las comunidades autónomas a perder su jurisdicción sobre las cajas lastraron enormemente el proceso de integración. Precisamente los matrimonios forzosos han sido los que peor parados han salido del proceso, debido a la concentración de riesgos y el elevado ajuste laboral. Prueba de ello es que los tres grupos nacionalizados -Catalunyacaixa, Unnim y Novacaixagalicia- responden a este modelo. Un cuarto exponente, Caja España-Duero, se ha salvado por los pelos debido a su acuerdo de última hora para ser absorbido por Unicaja.

El proceso aún no se puede dar por concluido. Algunos grupos, como Caja3, todavía no tienen el tamaño mínimo que desea el Banco de España. Las cajas nacionalizadas suponen también una patata caliente que el Estado se quiere quitar de encima cuanto antes. Ya han surgido varias novias, aunque la designación de las agraciadas dependerá del precio que ofrezcan y del ahorro que suponga para el erario público, que desea recuperar a toda costa la inversión acometida. Pero la subasta ya será responsabilidad del nuevo Gobierno.