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El PP asume las demandas del comercio ambulante

  • Entre las acciones de futuro se prevé una crear una comisión municipal de comercio ambulante

El Partido Popular se reunió con la asociación de comerciantes ambulantes, que, según los populares, mostraron su desacuerdo con la actual ordenanza reguladora.

"Como ya argumentamos en el Pleno en el que se abordó dicho tema, esta Asociación ya consensuó con la FAMP, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, una serie de puntos que eran para ellos imprescindibles, y sobre todo, con los que buscaba llegar a un acuerdo para que todos los municipios de Andalucía tuviesen unas ordenanzas lo más parecidas posible, recogiendo en cada una sus peculiaridades, pero teniendo un tronco común que les permitiera ejercer sus actividades con las mejores condiciones".

"El municipio que mejor recogió las peticiones de este colectivo", señalaron los populares, "fue el Ayuntamiento de Lebrija, cuya ordenanza salió adelante con el voto favorable de toda la Corporación y, como ya le dijimos en el Pleno de enero a Román, eran las ordenanzas tipo que debíamos aprobar aquí en Chiclana, algo que no pudo ser debido a su talante y prepotencia".

"Las ordenanzas en nuestra ciudad", añadieron, "no estaban consensuadas con los comerciantes ambulantes y como prueba de ello la Asociación de  Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir, a la que pertenecen los Comerciantes de Chiclana, ha realizado un total de 14 alegaciones a las mismas".

"Esta asociación", denunciaron, "ha intentado por todos los medios ponerse en contacto con la delegada, Cabeza de Vaca, pero como ya sabemos todos no está para nadie".

 "Es por ello", destacaron, "que el Partido Popular hace suyas las alegaciones planteadas por esta Asociación, algunas de tipo formal como que la ordenanza no está informada por el Consejo Andaluz de Comercio o que se adecúe a la Ley de Comercio Ambulante, en cuanto a los lugares donde se puede realizar la actividad o las fechas y horarios autorizados, así como otras encaminadas a dar mayor seguridad jurídica a los comerciantes, estableciendo unos baremos objetivos a la hora de otorgar nuevas adjudicaciones, etc."

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