Ha llamado estos días la atención que la Junta de Andalucía destine 70 millones de euros a la compra de la sede de Abengoa, a la que no pudo aportar un aval por 20 millones de euros que necesitaba para su rescate -apoyado desde el Gobierno central-, lo que precipitó la caída de la tecnológica. Esta compra se financia indirectamente con fondos nuevos europeos para evitar el deterioro de servicios de salud, educación y sociales, que se dedican a esas partidas, liberándose recursos para comprar la sede de Abengoa (lo cual no es financiable con los fondos europeos). La falta de apoyo a Abengoa es un ejemplo de la inseguridad y autolimitación que se impone la Administración por el miedo a ser investigada por la fiscalía y el poder judicial, que tiene como ejemplo más llamativo las subvenciones a empresas de los ERE, y el caso muy actual de Isofotón, una empresa celebrada en su momento por su papel en la producción de paneles solares.

En su último libro el presidente Barack Obama cuenta que su gobierno prestó 535 millones de dólares a Solyndra, una compañía de paneles solares, y llegó a visitar las instalaciones de la empresa en California como prueba de su compromiso con las energías limpias. En 2011 la empresa quebró por la competencia subsidiada de las empresas chinas. "Fue una pesadilla para mi imagen -dice Obama-, la prensa insistió durante semanas en la historia. Los republicanos disfrutaron de lo lindo". Isofotón acabó igual, y hasta febrero de 2013 la Comisión Europea no abrió una investigación por competencia desleal a las compañías chinas, que ya habían arrasado la industria europea del vidrio solar. La diferencia es que Obama lo cuenta sin más, y aquí hay una causa abierta a 30 funcionarios y responsables públicos. La diferencia es que el presidente Joe Biden está impulsando la economía norteamericana y mundial repartiendo ya 1,4 millones de millones de dólares, y aquí las ayudas relevantes no van a llegar a tiempo a muchas empresas que las necesitan. Lo mejor es enemigo de lo bueno, y le he escuchado al propio presidente de la Reserva Federal de St. Louis decir que si una ayuda llega a alguien que no la necesita o no le corresponde, es un riesgo que hay que correr para salvar a una mayoría de empresas y personas. Es peculiar que en España haya esta actitud inquisitorial cuando se trata de apoyar a una empresa, e irresponsabilidad ante el daño por la pérdida de actividad empresarial que habría podido evitarse apoyándola a tiempo.

Cualquier proyecto empresarial subvencionado por la Administración para crear o mantener industrias tiene el riesgo de quebrar; es más, lo razonable es que sólo unas pocas iniciativas prosperen. Si hay faltas administrativas en los procesos, incluso aunque haya un daño económico, debe juzgarse desde una perspectiva administrativa, nunca criminal, que hay que reservar para el enriquecimiento personal ilícito. Fiscales y jueces deberían reflexionar ampliamente sobre el fundamento de algo que no forma parte de la actividad administrativa ni empresarial normal, sino que excepcionalmente lleva a la intervención pública en proyectos empresariales que se consideran de interés, pues harían un buen servicio a la administración pública y a la empresa.