Unanimidad en eléctricas y consumidores. La liberalización del mercado de la luz se ha realizado de forma improvisada y sin apenas información por parte del Gobierno, hasta el punto de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha tenido que intervenir esta semana para imponer orden en la aplicación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) por parte de las pequeñas distribuidoras que han constituido una comercializadora propia. La tramitación del bono social, que está colapsando los servicios de atención al cliente de las compañías, retrata la improvisación del Gobierno.

Industria no ha desarrollado aún algunos de los criterios que determinan la concesión de este descuento, como el límite de renta. Tampoco está claro cómo se revisará que los beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos. Además, las eléctricas lamentan que la administración les haya traspasado la patata caliente de revisar los documentos que acreditan que los clientes tienen derecho al bono social, tales como el certificado de empadronamiento, la declaración de la renta, o el carné del desempleo. "Nos han convertido en agentes administrativos, algo que no es nuestra función ni para lo que estamos preparados", señala el delegado de Iberdrola en Andalucía, Alberto Yarte. Desde que se aprobó la liberalización, Iberdrola atiende más de 35.000 peticiones diarias acerca del bono social, que equivalen a todas las llamadas que se realizan para cambios de contrato y otras gestiones cotidianas.

El bono social será aplicado en Andalucía por la comercializadora de último recurso de Endesa, compañía que domina el 95% del mercado de la región. Para Endesa "lo más lógico sería que la administración fuera la que definiera quién tiene derecho al bono social", según indicó un portavoz. Con el fin de evitar que el retraso en la tramitación perjudique a sus clientes, Endesa aplicará el descuento con carácter retroactivo a todos los clientes que el 1 de julio cumplieran los requisitos para disfrutarlo, independientemente de la fecha en el que se les reconozca este derecho. No obstante, la compañía ha reforzado sus servicios de atención con 300 trabajadores para atender la avalancha de llamadas.

La percepción generalizada es que la reforma apenas va a suponer rebajas del 2% para los usuarios domésticos por los márgenes tan estrechos entre los que se mueven las eléctricas. Precisamente, Facua denunció ayer que sólo dos de las grandes eléctricas tienen ofertas en este segmento, pero "no compensan ni de lejos las subidas aplicadas por el Gobierno".