El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra hoy la vista por la triple cuestión prejudicial planteada por un magistrado español sobre la validez de las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Aunque la sentencia se conocerá, previsiblemente, en la segunda mitad del año, la banca seguirá con atención las novedades procedentes de Luxemburgo donde se dilucidará un proceso que, de declarar nulo este índice, podría acarrear al sector un coste de entre 7.000 y 44.000 millones, según Goldman Sachs.

En su informe, el banco de inversión extrapola el impacto que tendría un fallo favorable al consumidor desde las entidades cotizadas a las que cubre –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja– al resto del sistema financiero español, que lleva varios varapalos judiciales en los últimos años de recuperación económica.

A excepción de Bankinter, al que no afectaría la factura, los otros seis tendrían que asumir un coste antes de impuestos de entre 4.600 y 29.249 millones, dando por hecho que todos los afectados –en torno a medio millón– reclamarían su dinero.

En términos absolutos, Caixabank sería la más expuesta a la posible anulación del IRPH, lo que le costaría entre 1.775 y 11.250 millones. Por su parte, Santander y BBVA tendrían que devolver ambos entre 1.014 y 6.428 millones; Bankia, entre 406 y 2.571 millones; Sabadell, entre 355 y 2.250 millones, y Unicaja, entre 51 y 321 millones, en virtud de las estimaciones efectuadas por Goldman Sachs.

Para los expertos consultados, la exposición de determinados bancos constata la concentración geográfica de la concesión de hipotecas con el índice IRPH durante los años previos la explosión de la burbuja inmobiliaria. En concreto, Andalucía, País Vasco y Cataluña son las comunidades autónomas que registran una "densidad mayor" de casos en préstamos suscritos.

Los aspectos que deberá aclarar Europa son si el IRPH es nulo o ilegal, si tiene que estar sometido a los mismos controles de transparencia que otros productos y si, de ser contrario a los bancos, cabría la posibilidad de conceder la retroactividad.

En este contexto habría que ver además qué otro índice sería el escogido para referenciar las hipotecas de los perjudicados, cuyo perjuicio estaría en torno a los 20.000 euros por cada 200.000 euros de hipoteca, indica la presidenta de la asociación de consumidores Asufín, Patricia Suárez.

La sentencia no se conocerá hasta al menos la segunda mitad del presente año

Suárez destaca la importancia de la cita de hoy, a la que está previsto que acudan eurodiputados y en la que intervendrán los letrados del banco, del consumidor, de España, del Reino Unido, el abogado general de la UE y el de la Comisión en turnos de 15 minutos.

Tras las intervenciones, el abogado general comunicará a la sala, reunida en pleno, la fecha de publicación de su informe, lo que podría oscilar entre las dos semanas y los tres meses; una vez desvelado el contenido de ese documento, la sentencia se demoraría dos o tres meses más, posiblemente hasta septiembre, o incluso, más tarde.

Del dictamen del TJUE depende la consolidación de una doctrina clara por parte de los jueces, divididos entre quienes consideran el IRPH un índice manipulable y los que avalan su utilización por parte de las entidades bancarias.