Economía

El PSOE presiona a la Junta con el traslado de Abengoa a Valencia para que ayude al rescate

Entrada a la sede social de Abengoa, en el sevillano Campus de Palmas Altas. Entrada a la sede social de Abengoa, en el sevillano Campus de Palmas Altas.

Entrada a la sede social de Abengoa, en el sevillano Campus de Palmas Altas. / Juan Carlos Vázquez

El tiempo para que el rescate de Abengoa planteado por la dirección destituida se ejecute se agota. Y con la empresa matriz descabezada, sólo si la Junta de Andalucía cambia de criterio, hay posibilidades de hacerlo realidad antes de que caduque.

Desde hace semanas, la dirección cesada de la multinacional y el Gobierno central del PSOE y UP presionan a la Junta andaluza para que ceda y permita ejecutar ese rescate. A esa presión se ha unido el presidente de la Generalitat valenciana, el también socialista Ximo Puig, confirmando que está negociando un traslado desde Sevilla a Abengoa de la compañía andaluza fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

Fuentes del gobierno valenciano confirmaron a Efe que está negociando Abengoa ese traslado. Incluso Puig, durante la sesión de control parlamentario en Les Corts Valencianes, afirmó que están intentando "traer" a la comunidad inversiones que están radicadas "en otros ámbitos", y desveló que en estos momentos están negociando con una multinacional para "cambiar su sede" a este territorio, refiriéndose a la empresa sevillana aunque sin citarla.

La Cadena Ser fue más allá y en una información hecha pública este mismo jueves da por hecho la mudanza de Sevilla a Valencia. La emisora asegura que ha confirmado que existe un acuerdo con Abengoa para ejecutar ese traslado pero matiza que, como señala Efe, el Gobierno valenciano sólo reconoce la negociación pero no que esté cerrado el cambio de sede social y fiscal.

Desde Abengoa declinaron hacer comentarios sobre esta cuestión. Y lo cierto es que hoy por hoy, trasladar la matriz del grupo es inviable porque carece de órganos de gobierno.

Desde el pasado martes 17, la matriz del grupo carece de consejo de administración. Sin nombrar de nuevo ese órgano no podría hacerse. El cambio legislativo que el procés motivó en 2017 permite cambiar la sede sin ratificarlo la junta de accionistas sigue vigente, pero atribuye esa responsabilidad al consejo de administración.

Sí podría trasladarse hoy por hoy Abenewco 1, la filial de la que dependen todos los negocios y el empleo del grupo, porque el consejo destituido el 17 –Gonzalo Urquijo, Josep Piqué, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Pilar Cavero y Ramón Sotomayor– sigue al frente de esta filial. Pero la decisión no sería definitiva y dependería del pulso por el control que mantiene con los accionistas minoritarios que se agrupado para hacerse con la mayoría del capital. Sería fácilmente revertible a partir de la junta general que habrá el 21 o 22 de diciembre.

Porque todo este ruido del traslado forma parte de la presión al Gobierno andaluz para que cambie de criterio y dé los 20 millones que la dirección de Urquijo incluyó en el contrato del rescate, a lo que el Gobierno andaluz se niega porque sería conceder una ayuda arbitraria, como las que hubo en el pasado en la Junta cuando gobernaba el PSOE y han dado lugar a distintos casos judiciales.

El Ejecutivo de coalición de Andalucía, después de que trascendiera ayer la negociación entre Puig y Urquijo, respondió a esa nueva presión con una reafirmación de su negativa.

Desde el Ejecutivo andaluz se volvió a enfatizar que esos 20 millones que Abengoa reclama “suponen algo más de un 3% del montante total de la operación financiera que necesita la empresa, por lo que no parece razonable que la imposibilidad legal de obtener dicha cantidad sea motivo para irse de Andalucía”.

También recalcó otra vez que esos 20 millones “no se pueden dar no por falta de voluntad política de la Junta de Andalucía sino porque no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos a dicha operación”. “Las nefastas experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como la de Isofotón o el caso Avales, por ayudas sui generis a empresas de dudosa viabilidad, hacen extremar la cautela de los servicios jurídicos”, agregó un portavoz de la Junta, que también señaló “la inestabilidad interna en la propia empresa, que hace unos días vivió un cambio de presidente”.

Horas antes, el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Marín, también había reafirmado que ésta “no le va a dar un solo euro de los andaluces a ninguna empresa sin contar con todos los informes jurídicos favorables”.

Detrás de esa presión está una cuestión primordial: los plazos. El contrato del rescate firmado el 6 de agosto, paralizado por el rechazo de la Junta de Andalucía, caducará la semana próxima. A los cuatro meses de la firma: el domingo 6 de diciembre.

Varios acreedores además se han negado a ampliar el plazo para que se cumpliera la condición suspensiva de que la Junta aporte los 20 millones de euros. Por lo que ese rescate está en un limbo desde el pasado día 17.

Y unas semanas después, en la junta general extraordinaria de accionistas del día 21 o 22, según sea en primera o segunda convocatoria, se decidirá si los minoritarios toman o no el control del grupo. De ser así, destituirán a Urquijo y el resto de consejeros en Abenewco 1.

Y los plazos son importantes también para comprender que la confirmación de las negociaciones con la Generalitat son ahora mismo sólo un elemento de presión. El traslado a Valencia sería a cambio de que esa Administración sí pusiese los 20 millones, pero para ello hay que enmendar el contrato del rescate y someterlo a la adhesión de todos los acreedores, bonistas y proveedores con deuda vencida que están implicados. Es altamente improbable que pueda ejecutarse un proceso como ése antes del 22 de diciembre.

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