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España: sin proyecto-país y vigilada

Pedro Sánchez aplaude a María Jesús Montero, ministra de Hacienda Pedro Sánchez aplaude a María Jesús Montero, ministra de Hacienda

Pedro Sánchez aplaude a María Jesús Montero, ministra de Hacienda

España afronta la mayor crisis sanitaria, económica y social de este siglo en un estado de divergencia y dispersión de las percepciones, los intereses, y las soluciones de los problemas del país. Los diagnósticos que hacen los partidos de los problemas económicos y sociales son divergentes y extremos, así como las alternativas de solución. El estrés político y la confrontación hacen los consensos imposibles, incluso en temas de estado y en situaciones de supervivencia como el Covid-19. Siempre hemos sido un país polarizado, divergente, fragmentado y extremo, pero ha habido momentos como los años 70 de la transición de la dictadura a la democracia, o los de los 80 y 90 de la integración en Europa, en los que las fuerzas de la convergencia y cohesión en torno a un proyecto común e ilusionante han imperado sobre las del desacuerdo y la divergencia. La Transición hacia la democracia y la integración en la Europa de los países desarrollados, libres y de Estado de Derecho tuvieron la gran fuerza de la cohesión y el consenso en torno a proyectos comunes e integradores.Alcanzadas estas metas la sensación es que nos hemos instalado en el vacío de la indiferencia y los intereses de grupo o de clases. Sin proyecto de país compartido. En tan sólo una década hemos transitado del consenso al permanente desacuerdo y confrontación, en un contexto de creciente fragmentación y proliferación de interlocutores políticos. Hemos transitado desde las políticas de estado a las políticas de partido, del consenso a la permanente confrontación y desacuerdo. La ausencia de un proyecto-país ilusionante ha motivado el abandono del paradigma de “consensuando todos ganamos” y su sustitución por el de “para que nosotros ganemos vosotros tenéis perder”. El crecimiento y reparto de la riqueza se ha suplantado por el empobrecimiento y reparto de la miseria.

España bajo vigilancia

La discusión parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 es un claro ejemplo de la ausencia de consenso sobre unos presupuestos que debían de ser los de salvación recuperación y modernización de España. La Comisión Europea ha dado un aprobado general a los presupuestos presentados por España, por ser expansivos en gasto público, en un momento de vulnerabilidad de las empresas y las familias, que necesitan apoyo para sobrevivir. Los 27 socios de la unión UE han obtenido el aprobado. Pero España ha sido objeto de una advertencia : dado el alto nivel de endeudamiento público todas las medidas de expansión del gasto público que se adopten deberán de garantizar que no comprometen la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo y no aumentan el déficit estructural, el más alto de la Eurozona. España continuará con una especial vigilancia.

Más importante que gastar mucho es gastar bien, con rigor y eficiencia, con transparencia y control, huyendo de los intereses políticos y redes clientelares y asignando los fondos a proyectos rentables y empresas viables. La suspensión temporal de las reglas fiscales de la Eurozona no implica barra libre para el gasto público que generaría una deuda insostenible, abortaría la recuperación futura y trasladaría su peso a futuras generaciones. La recomendación de la Comisión Europea coincide con las del FMI, el BCE, el Banco de España y la Airef. Todos advierten de la vulnerabilidad de España por su alta deuda pública, interna y externa, y su carácter estructural. Señalan también la deuda potencial (contingente) ligada a los avales públicos de los préstamos ICO, que en el caso de que resultaran impagados los soportaría el sector público, elevando su deuda hasta un el 140% del PIB. También avisan del envejecimiento de la población, de la insostenibilidad de las pensiones y de su impacto en la deuda pública futura.

La Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) afirma que en un escenario inercial de crecimiento y utilización plena del potencial, en los próximos años la deuda pública permanecerá por varios años en el 120% del PIB. Lo cual determina que, superada la crisis, habrá que abordar necesariamente la consolidación fiscal. Éste escenario de deuda insostenible podría agravarse por la previsible subida de los tipos de interés, por la morosidad de los avales públicos y por el incremento de las pensiones y el sueldo de los funcionarios. De aquí la insistencia de todos los organismos en que el incremento del gasto público sea selectivo y temporal, para no dar lugar a desequilibrios estructurales que permanezcan en el tiempo.

Evitar una crisis financiera

El BCE está preocupado porque la persistencia de la crisis y los daños permanentes causados se transmitan a todo el sistema y acaben provocando una crisis financiera. Las medidas de apoyo a las empresas tienen el objetivo de que las dificultades de liquidez no se transformen en problemas de solvencia. Una morosidad generalizada de las empresas dañaría la solvencia de la banca, que se vería obligada a restringir el crédito a y abortaría la recuperación. Para que esto no ocurra el BCE recomienda a la banca que anticipe las provisiones para futuras insolvencias, dirija la financiación a empresas viables y se capitalice no repartiendo dividendos. Recomienda a los gobiernos la creación de bancos malos, como el Sareb en España, donde aparcar los préstamos y activos dañados, para no reducir su capacidad de financiación. En un reciente decreto el Gobierno Español ha aplazado los vencimientos y las carencias de los préstamos ICO, así como los plazos concursales.

El Fondo Europeo de Recuperación en peligro

El Fondo Europeo de Recuperación es necesario para superar la crisis económica, agravada por la segunda ola del Covid-19.El propósito del Gobierno es invertir los 72.000 millones de euros de subvenciones en los próximos tres años, y continuar con los 68.000 de préstamos en los años siguientes, hasta el 2026. El Gobierno se ha anticipado incluyendo en los presupuestos generales 27.000 millones de euros, cuando todavía el Fondo Europeo no está aprobado ni por el Consejo Europeo, ni por los parlamentos nacionales de los países socios. El problema es que, en el mejor de los casos, si los fondos llegan, no lo harán antes del segundo semestre de 2021. El Gobierno está decidido a financiarlos con más deuda si fuera necesario. Lo sorprendente e inesperado es que la financiación del fondo con nuevos recursos propios y nuevos impuestos comunitarios ha sido vetada por Hungría, Polonia y Eslovenia, que no aceptan la cláusula de respeto de los principios del Estado de Derecho para poder disfrutar de los fondos. Esto implica una mayor incertidumbre sobre su disponibilidad y plazo.

De no resolverse este gran problema la UE entraría en una crisis institucional de gran calado y España en una prolongada recesión. En estos momentos todos los esfuerzos diplomáticos, liderados por Angela Merkel, están orientados a la resolución de este conflicto. Más que nunca España y la UE necesitan fortalecer un proyecto-pais común e ilusionante .

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