El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó ayer que la decisión de cerrar Garoña en 2013 se adoptó de forma autónoma, "sin caer en el economismo del corto alcance", y avanzó que se llevará a cabo una reforma legislativa para definir la vida útil de toda central nuclear ubicada en España. También anunció que el Gobierno presentará el próximo otoño en el Congreso la planificación energética hasta 2030, a fin de conocer qué necesidades energéticas tendrá el país en las próximas dos décadas, con qué tipo de energía se puede contar, cuántas instalaciones de energía renovables puede haber, qué capacidad pueden tener, cuántas nucleares habrá y qué coste tendrán.

Según el jefe del Ejecutivo, a las propietarias de las centrales les sale más "rentable" prorrogar la vida de una instalación ya amortizada y, por lo tanto, más antigua, que de una más nueva, que pasa por "más chequeos". Además, recordó que la planta burgalesa de Garoña es la que más residuos genera e indicó que, para que España pueda llegar al 20% de energías renovables dentro de unos años, hay que empezar a dar pasos en esa dirección y que "lo sepan las empresas". "Ya han recibido las señal de que las renovables son el futuro", observó, antes de certificar que mientras Francia ha optado por ser una potencia nuclear, España apuesta por las renovables, un campo en el que ya es un país pionero. Su análisis es que las renovables son "mucho más democratizadoras de la economía", hasta el punto de que cualquier "comunidad de vecinos" podrá autoabastecerse e incluso exportar energía, por lo que se encontrarán "con la resistencia" de algunos.