España figura entre los países más desiguales de la OCDE debido a que los sueldos de los más pobres han crecido muy poco por la moderación salarial de los últimos años. Es el más desigual de la Eurozona (17 países) y sólo nos superan Lituania y el Reino Unido en la UE 28.

En lo que va de siglo, la evolución de la desigualdad global ha seguido caminos muy dispares. El empuje de economías fuertemente pobladas y pobres, como China y la India, ha permitido su reducción a nivel mundial, pero esta percepción se enturbia considerablemente con la crisis de 2008. Por un lado, porque debilita los programas de lucha contra la pobreza en otras partes del mundo. Por otro, por la especial repercusión de la crisis sobre las clases más modestas en las economías más avanzadas. No es algo que sorprenda en el caso de los Estados Unidos, cuyo coeficiente de Gini (que toma valores entre 0 y 1 para indicar máxima igualdad y desigualdad, respectivamente) era 0,357 en 2000, 0,389 en 2013 y 0,391 en 2017, pero sí en Europa, donde, por ejemplo, en Alemania, el mismo indicador aumentó de 0,264 a 0,293 entre 2000 y 2013 y todavía una décima más en 2017.

Las crisis se ceban con los que menos pueden defenderse, que normalmente son las clases más modestas. España consiguió reducir la desigualdad entre 2000 (0,332 de coeficiente de Gini) y 2008 (0,327), pero todo se vino abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2013 el coeficiente estaba 0,345, es decir, mayor que en 2000, aunque después de cuatro años de recuperación comienza a atisbarse una ligera mejoría (0,341 en 2017), en todo caso insuficiente para desprendernos de la etiqueta de uno de los países más desiguales de Europa.

Caixa Research dedicó hace un par de años uno de sus informes mensuales al estudio de la desigualdad, apuntando que tres cuartas partes del aumento durante la crisis se debió a la destrucción de empleo. Obligaba a cuestionar que estuviésemos ante un problema del ámbito exclusivo o fundamental de las políticas sociales. Desde luego, la OCDE desgrana sus recomendaciones para España en esta materia en iniciativas de orden regulatorio (fiscal, laboral, institucional, burocrático), además del educativo.

La demanda de empleos de alta cualificación supera con creces la oferta y esto provoca que los salarios ofrecidos crezcan bastante más que la media y también la desigualdad. Estamos ante un problema de desequilibrio en el mercado de trabajo que conecta con la política educativa. Para el anterior gobierno andaluz, el eje central de su política de educación superior era la gratuidad de las tasas universitarias, pero es un error considerar que así se combate la desigualdad. En lugar de discriminar a favor de los más capaces o los que más lo necesiten, termina facilitando a todos el acceso en similares condiciones, pero favorece la permanencia de los que mejor pueden financiar el fracaso temporal o la prolongación del periodo de formación. Dejaba en segundo plano, en cambio, aspectos tan relevantes como la calidad de la enseñanza y la empleabilidad de los egresados, así como la formación y renovación del profesorado, además de un adecuado programa de becas.