España y Portugal podrán mantener la "excepción ibérica" que limita el impacto del gas en el precio de la electricidad y no tendrán que sustituirlo por el tope a las renovables que ha propuesto este miércoles la Comisión Europea (CE) para aliviar la crisis energética.

Por otro lado, los servicios del Ejecutivo comunitario evaluarán "detenidamente" con las autoridades españolas si el impuesto sobre los ingresos del sector eléctrico y energético que España está tramitando es compatible con la "contribución de solidaridad" de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario ha presentado hoy una propuesta legislativa que se espera que los ministros de Energía de los países de la UE cierren el próximo 30 de septiembre y que prevé, entre otras, un precio máximo de 180 euros el megavatio hora (MWh) para las llamadas tecnologías inframarginales de generación eléctrica: renovables, nuclear y lignito.

Ese precio es muy superior al que actualmente se retribuye en España al MWh de renovables a través de un mecanismo de minoración, complementario a la "excepción ibérica", que fija en 67 euros el límite a partir del cual se detrae el 90 % de los ingresos para evitar que se generen "beneficios caídos del cielo".

Todo ello hace que el MWh renovable se esté retribuyendo en España a entre 24 y 30 euros.

"Es muy importante dejar que los Estados miembros continúen con sus formas de limitar el gas si han introducido uno, esto va para España o Grecia, por ejemplo", ha dicho en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

El precio máximo elegido por Bruselas es 180 euros MVh porque "la más cara de las tecnologías inframarginales es el lignito" y "el lignito más caro genera a unos 180 euros por megavatio hora", ha agregado la eurocomisaria.

Otras fuentes europeas han explicado que el objetivo de Bruselas es "asegurar que los ingresos de las inframarginales estén limitados", de forma que, "si un Estado miembro tiene un mecanismo como el ibérico o el griego que consigue los mismos resultados, pueden mantenerlo en vigor".

Los cálculos de la Comisión proyectan que efectivamente alcanzarían los resultados deseados, según las fuentes.

En cuanto a los plazos, la Comisión espera aprobar definitivamente su límite a los ingresos a las renovables a final de mes y estaría vigente hasta finales de marzo, aunque se puede extender, mientras que el mecanismo ibérico está aprobado hasta mayo.

En paralelo, la Comisión presentará "bastante pronto" una propuesta para una reforma de calado del mercado eléctrico, aunque "implementarla llevará bastante tiempo"

En función de esos plazos, se intentarán casar las piezas del puzzle, según un alto funcionario de la Comisión.

El impuesto que España está tramitando gravaría con un tipo del 1,2 % el volumen de negocios de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras. Por contra, Bruselas apuesta por un gravamen del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las compañías que utilicen combustibles fósiles, y no sobre sus ingresos.

"Las medidas que sean similares y estén también basadas en los mismos parámetros de diseño deben ser evaluadas y analizadas. En este caso, por un lado hay una medida sobre ingresos y, por otro, una sobre beneficios, así que tenemos que evaluar detenidamente si el objetivo y el diseño son similares", de acuerdo con las fuentes comunitarias.

En cualquier caso, las mismas fuentes añadieron que el Ejecutivo comunitario es "consciente" de que "los Estados miembros están interesados en tener toda la flexibilidad posible", pero añadieron a continuación que el reglamento que finalmente se apruebe debe ser respetado.