El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que no se puede pensar que el aumento de la recaudación derivado de la ampliación de las bases imponibles va a tener un carácter permanente, por lo que no sería prudente asociar partidas de gasto permanentes a ese "vigor recaudatorio".

En su comparecencia este lunes ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ha señalado que "la estimación de ingresos públicos incluida en los presupuestos para el año 2023 parece factible" y que el incremento de la recaudación será incluso mayor al previsto por el Gobierno (7,6%), aunque no ha hecho una estimación al respecto.

No obstante, ha incidido en el impacto sobre los ingresos públicos de las partidas presupuestarias vinculadas a la inflación, en particular las pensiones, cuya revalorización conforme al índice de precios de consumo (IPC) va a costar alrededor de 15.000 millones de euros, a los que se sumarán otros 6.300 millones para la subida de los sueldos públicos (21.300 millones en total).

El Banco de España calcula que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el IPC supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5% aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría 15.000 millones.

El alza definitiva de las pensiones se conocerá cuando se publique el dato de inflación de noviembre, dado que la reforma de las pensiones de 2021 contempla que la revalorización anual se haga con la media de las tasas interanuales de IPC de los doce meses anteriores hasta noviembre.

Respecto a los sueldos públicos, el Banco de España estima que cada punto porcentual de subida de la remuneración elevará los gastos de personal en 1.400 millones, de forma que la mejora de hasta el 3,5% prevista para 2023 (2,5% fijo más un 1% variable) costaría 6.300 millones aproximadamente.

Aún así, el Banco de España ve "factible" cumplir con la previsión de cerrar 2023 con un déficit público del 3,9% del PIB, en parte porque ve "probable" que termine 2022 por debajo del 5 % del PIB estimado.

Insiste en el pacto de rentas 

De Cos ha insistido en que "sería deseable la firma de un pacto de rentas" que evite la indexación automática de salarios a la inflación, y ha abogado por incluir en él al sector público, lo que implicaría, por ejemplo, revalorizar con la inflación las pensiones mínimas, pero no el resto.

En su opinión, se trata de "una discusión distinta a si, de manera estructural, deben indiciarse o no con la inflación"; aunque ha recordado que aún son necesarias medidas del lado de los ingresos o del gasto, o de ambos, para cubrir el gasto creciente que el sistema soportará hasta 2050 con la jubilación de la generación del "baby boom".

A su juicio, hay que evitar "un impulso fiscal generalizado" que refuerce las presiones inflacionistas, por lo que, dado el aumento del gasto público derivado de los fondos europeos, cree que "el resto de la política fiscal debería mantener un tono neutral o incluso ligeramente restrictivo".

Este apoyo de la política fiscal debería concentrarse en los hogares de rentas más bajas, al tiempo que ha defendido la necesidad de contar con un plan de consolidación fiscal plurianual.

Al respecto, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, ha asegurado -en una comparecencia posterior ante la misma comisión- que España tiene un "gran plan de consolidación fiscal no escrito", sino "demostrado", que es la senda de reducción del déficit público.

Gualda ha recordado que el déficit público superó el 10% del PIB en 2020 debido a los efectos de la pandemia, que se corrigió al 6,9% del PIB en 2021, que este año quedará en el 5% comprometido con Bruselas y que en 2025 volverá a estar por debajo del 3% del PIB.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sanchez, ha destacado en su comparecencia que el compromiso de estabilizar 300.000 puestos del sector público antes de que acabe 2024 se ha superado en un 24%, porque ya se han aprobado 372.600 plazas de estabilización en todas las Administraciones Públicas, de las que 75.000 ya se han adjudicado definitivamente.