Los actuales administradores de Abengoa siguen intentando que se bloquee cualquier acceso de los accionistas del grupo a controlar el grupo. En definitiva, a demorar al máximo su destitución segura, atendiendo a los votos emitidos para la junta general extraordinaria que estaba convocada para el 3 y 4 de marzo pasado y que fue cautelarmente suspendida por el juez Miguel Ángel Navarro, titular de la sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla.

Esa suspensión fue recurrida en reposición por el accionista y candidato a presidente de la compañía, Clemente Fernández, que habría sido elegido junto a José Alfonso Murat y José Joaquín Martínez Sieso.

Al filo de que se cumpliese el plazo legal previsto, la representación legal de Abengoa presentó este lunes en el tribunal sus alegaciones a ese recurso, en la que pide que el juez lo desestime y no levante la medida cautelar dictada el pasado 26 de febrero en el mismo auto en del que declaró en concurso voluntario a la matriz del grupo, fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

En sus alegaciones, Abengoa se centra en convencer al juez en que no acceda a que se preserven los votos ya emitidos por los accionistas, tanto de forma telemática como entregada mediante acta notarial.

Fernández pidió al tribunal que así fuera con idea de que la junta general de accionistas pueda ser convocada lo antes posible, aunque ya no en la fecha que legalmente correspondía.

El propósito de las alegaciones de la compañía que todavía preside Juan Pablo López-Bravo es justo el contrario, que los votos no se validen y, en caso de que el juez permita que se celebre la junta general de la sociedad, con forme a la jurisprudencia que separa claramente la vida en los órganos sociales del proceso del concurso, ésta tenga que convocarse desde cero, lo que alargaría los plazos y demoraría de nuevo su destitución.

Y es que Abengoa vive en una indefinición sobre quién está legitimado para pilotar su rescate. La propia SEPI, a la que el consejo de López-Bravo y Margarida de la Riva Smith ha pedido 249 millones para ser rescatada, no tiene claro quién es el interlocutor válido, según desveló el pasado domingo el diario El País, dado que hay unos administradores pendientes de ser destituidos una vez que lo permita el juez y, por otro lado, Clemente Fernández, candidato que será elegido cuando haya junta, y con el que el Gobierno también está dialogando.

Respecto a la preservación de los votos, Abengoa alega que es una “petición sorprendente, absolutamente incongruente en sus propios términos y contraria a las disposiciones de la normativa societaria en materia de junta general y derechos de participación de los socios”, según señala en sus alegaciones de oposición al recurso de reposición.

El argumento que sostienen es que de facto la junta no está suspendida, sino cancelada, por lo que debe convocarse otra desde cero porque, de lo contrario, se produciría una “infracción a los derechos del socio”, que puede votar en otro sentido. La postura de Abengoa no está exenta de cinismo, porque es precisamente la medida cautelar pedida al juez al solicitar el concurso la que cercenó los derechos de los accionistas.

Las alegaciones rebaten también otras razones para pedir que se levante la medida cautelar, que la medida cautelar sí tuvo apariencia de buen derecho, la instrumentalidad de la suspensión y el peligro que suponía “para los acreedores” permitir la junta que habría destituido al consejo actual.

El juez tiene a partir de hoy cinco días hábiles para resolver si admite o no el recurso de reposición presentado por Clemente Fernández el pasado día 2, la víspera de la junta suspendida, que no se tramitó hasta el pasado día 11.