El concurso de acreedores de Abengoa, que ayer cumplió un año, tendrá una novedad muy relevante en las próximas semanas: el juez del juzgado competente se marcha. El magistrado Miguel Ángel Navarro Robles, que encabeza la Sección Tercera del Tribunal Mercantil de Sevilla, ha ganado en concurso de traslado una plaza en la Audiencia Provincial del Cádiz, según consta en la relación provisional del mismo.

Navarro ha obtenido, provisionalmente, una plaza de magistrado especialista de la Audiencia de Cádiz, correspondiente al orden Civil, con competencia en materia Mercantil, por lo que estaba reservada a jueces con esa especialidad.

Este concurso de traslados, el primero de 2022, debe ser ratificado por una resolución de la comisión permente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque el resultado provisional del concurso no es recurrible. La resolución del CGPJ se espera que sea aprobada la segunda semana de marzo. Una vez que dicha resolución se publique en el Boletín Oficial del Estado, probablemente en esa misma semana, el juez Navarro tendrá diez días para tomar posesión de su nueva plaza en Cádiz.

La plaza vacante que deja Navarro en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla tendrá que ser cubierta en un nuevo concurso, que podría convocarse en los primeros días de abril, según confirmaron fuentes jurídicas.

La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla es la competente del concurso de Abengoa SA por haber sido la que homologó judicialmente la segunda reestructuración financiera tras el precocurso levantado en 2016.

En un plazo récord, pues la compañía solicitó el concurso el 22 de febrero de 2021, el magistrado Navarro declaró en concurso voluntario a la cotizada el 26 de febrero, cuatro días después. Su auto fue muy polémico porque aceptó la medidas cautelares que pedía el consejo de administración de la compañía, que iba a ser removido en una junta general extraordinaria convocada para el 3 y 4 de marzo del año pasado. La resolución del juez suspendió esa junta general por celebrarse una vez declarado el concurso, lo que exigía la presencia del administrador concursal, que no estaba nombrado y debía elegirse, según marca la legislación, de entre una terna propuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Finalmente fue elegida EY Abogados.

Esta suspensión resultó relevante en la vida societaria de Abengoa, e impidió que se cumpliese la voluntad mayoritaria de sus socios hasta octubre pasado, cuando los representantes de la sindicatura Abengoashares, que aglutina más de un 21% del capital, accedieron finalmente al consejo de administración.

Previamente, el juez también aceptó una petición en junio de la compañía, de acuerdo con el adminsitrador concursal, que modificó el régimen del concurso de intervención a sustitución, lo que dejó al consejo sin apenas poderes. La petición se hizo el mismo día que Abengoa agotó el plazo legal para convocar una junta general extraordinaria, requisito que incumplió. Pese a ello los accionistas tomaron el consejo en el marco de una junta ordinaria el 1 de octubre pasado.

Las decisiones futuras, incluyendo si hay o no un convenio anticipado, corresponderán a partir de ahora a un nuevo magistrado. En el proceso será muy relevante la decisión que tome el Gobierno sobre la ayuda solicitada por la cotizada, aunque formalmente por sus filiales, de 249 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), porque la única oferta existente, la de Terramar Capital LLC, está condicionada a la consecución de esta ayuda.