El primer accionista de Abengoa, la sindicatura Abengoashares, ha presentado en la mañana de este viernes ante la jurisdicción voluntaria del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla una solicitud para que la junta general extraordinaria que tiene solicitada sea convocada por el letrado de la Administración de Justicia, una vez que los administradores de la compañía han incumplido la obligación legal de convocarla.

El notario de Sevilla Javier Muñoz Layos entregó el 21 de mayo pasado en la sede social de Abengoa la petición de una nueva junta general de accionistas extraordinaria con el objetivo de se vote el cese del actual consejo de administración y su sustitución por la misma candidatura que no pudo ser elegida en marzo, pese a tener los votos ya para hacerlo, porque el juez del concurso voluntario de la multinacional, Miguel Ángel Navarro, anuló de facto la convocatoria al aceptar medidas cautelares solicitadas por los administradores.

La solicitud de convocatoria se hizo atendiendo a los estatutos de Abengoa, que prevé que se celebre una junta extraordinaria si lo pide el 3% del capital social, porcentaje superado por los poderes notariales que acompañan al requerimiento de convocatoria de la junta extraordinaria.

El orden del día de la convocatoria sólo planteeó dos puntos. En primer lugar, el cese de todos los miembros del consejo de administración actual. El texto no cita a ninguno de los consejeros actuales. El único consejero ratificado por junta general es el presidente, Juan Pablo Lopéz-Bravo, dado que Jordi Sarrias Prats y Margarida de la Riva Smith ya cesaron por renuncia voluntaria. La nueva consejera Cristina Vidal Otero, nombrada por cooptación el 19 de mayo, aún no ha sido ratificada como tal por una junta general de accionistas.

En segundo lugar, la convocatoria de la junta solicita el nombramiento como consejeros de Abengoa SA de Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez.

La compañía tenía de plazo para convocar esa junta extraordinaria hasta el pasado lunes, 21 de junio. Pero el consejo de administración decidió incumplir esa obligación legal y estatutaria. Con fecha de ese mismo día, pero notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ocho minutos después de la medianoche del marte 22, la compañía sólo informó de la solicitud del administrador concursal, EY Abogados, al Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3a) del cambio de régimen concursal, para que éste pase de concurso voluntario al de suspensión de las facultades de la concursada sobre la masa activa. EY solicitó adicionalmente, y para el resto de sociedades pertenecientes al grupo de la concursada, el régimen de intervención de las facultades de los respectivos órganos de administración.

Sin embargo, ese cambio de concurso no impide que se sigan celebrando juntas de accionistas, pese a que así lo trasladó la compañía a sus cuadros directivos. El propio administrador concursal se lo reconoció al líder de la sindicatura, Clemente Fernández.

Ante el incumplimiento de la compañía, los accionistas hacen uso del artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital, que en su apartado primero establece: “Si la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, previa audiencia de los administradores, por el Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social”.

Se trata del mismo procedimiento utilizado por un accionista individual para solicitarl al Registro Mercantil de Sevilla la convocatoria de la junta general ordinaria, para lo que tuvo que pagar una provisión de 400 euros para cumplimentar el trámite.

El registrador mercantil II de Sevilla, Juan José Pretel Serrano, resolvió a favor este jueves la solicitud de este accionista de Abengoa SA para que convocase la junta general ordinaria que no se había celebrado en 2020 y en la que debían haberse aprobado las cuentas de 2019.

Pese a los intentos por impedir la convocatoria, el registrador acordó acceder a la solicitud de convocatoria de la junta general ordinaria solicitada por el accionista residente en Sevilla, aunque ha permitido que la fecha de celebración se demore, aunque no más allá del 30 de septiembre próximo. 

La petición de los accionistas tendrá que ser sometida a reparto entre los juzgados mercantiles de Sevilla y será el letrado de la administración de Justicia (el secretario) quien tramite y resuelva la solicitud, sin intervención del juez titular.

Lo previsible es que, una vez que se cumplan los plazos y trámites legales, el letrado convoque la junta general extraordinaria para votar el cese del consejo de administración.