La junta de accionistas del Betis, celebrada la noche del jueves en Sevilla, será impugnada por irregularidades en su convocatoria, según confirmó Manuel Serrano, miembro de la asociación Béticos Por el Villamarín (BPV), plataforma opuesta a la gestión del consejero delegado y máximo accionista, Manuel Ruiz de Lopera, que presentó unos beneficios de 33 millones de euros, derivados de los traspasos de Joaquín y Oliveira.

Tal y como se temía, la junta, a la que no se permitió asistir a la prensa, culminó en un ambiente de crispación e incluso, según indicó el propio Serrano, rodeada de "insultos, amenazas y coacciones" hacia la oposición.

De hecho, decenas de personas, al parecer seguidores radicales del equipo albiverde, entraron en la junta en calidad de "invitados" y abuchearon a los opositores cuando intervenían ante los asistentes. Incluso la Policía, presente en el hotel donde tenía lugar el acto, debió hacer acto de presencia en determinados momentos para calmar los ánimos.

Ello no evitó que la oposición dejase claro que esta junta no tendrá validez. "En la primera intervención realizada por parte de nuestro grupo ya hemos dicho que vamos a impugnar esta junta por irregularidades en su convocatoria", recalcó Manuel Serrano.

El portavoz de BPV, Emilio Soto, abandonó incluso la sala para llamar a la Policía tras, indicó, recibir amenazas de muerte. Otra asociación opositora, Por nuestro Betis (PNB) exigió la dimisión del presidente bético, Pepe León. No menos importante es que el notario presente en la sala, a instancias de la oposición, advirtió que recogerá en acta los insultos que se produjeron en el transcurso de la junta.

El remate de esta situación tan tensa llegó, justo antes del capítulo de ruegos y preguntas, con un vídeo laudatorio que recrea, de forma peculiar, la salvación del Betis por parte de Lopera a raíz de su conversión en sociedad anónima en 1992, lo que provocó la salida de la sala por parte de los opositores.