ProLiga, la asociación que reúne a más de 250 clubes de Segunda B y Tercera, entre los que se encuentran el Algeciras Club de Fútbol y la Unión Deportiva Los Barrios, recomienda en un escrito enviado a los clubes afiliados que no remitan a la Federación Española documentación económica alguna, respondiendo con ello al control que la RFEF pretende ejercer esta temporada sobre ambas categorías y del que ya informó este periódico el pasado 18 de agosto.

El presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, en su condición de delegado de Andalucía Occidental de esta asociación, es uno de los que promueve esta rebelión ante la nueva norma. La directiva de la Real Balompédica Linense comunicó hace una semanas su decisión de abandonar este colectivo.

ProLiga entiende que la supervisión no está contemplada en la legislación deportiva ni siquiera en los propios Estatutos de la RFEF aprobados en su Asamblea General federativa del pasado 10 de junio y que todavía está pendiente de aprobación de la Comisión Directiva del CSD.

Esta asociación considera que este control responde a “la intención unilateral de la RFEF” y que ProLiga tiene recurrida ante el CSD como la LNFS y la Asociación de Clubes Femeninos de fútbol. Recurso que está a la espera de que el CSD se pronuncie.

En el escrito enviado por ProLiga, dicha asociación recalca que “no se opone a un modelo de control económico”, sino que “muy al contrario” lo considera “necesario” por cuanto supondrá una ayuda “progresiva a los clubes, efectuado con unas normas solidas al respecto y sobre todo con unas consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento, pues de otro modo el objetivo estará abocado al fracaso”.

ProLiga subraya que “la RFEF se excede en sus competencias al pretender establecer dichas medidas de control, no estando contemplada esa facultad ni en la Ley del Deporte, ni en el Real Decreto sobre Federaciones Deportivas Españolas, pero es que ni tan siquiera sus Estatutos, por lo que no se pueden llevar a efecto”.

ProLiga sigue exponiendo: “La regulación de un control económico no puede desarrollarse en unas bases de competición, sino que, habida cuenta de su importancia y de la cantidad de datos de carácter personal que requieren un tratamiento especial, debe desarrollarse reglamentariamente, participando en su elaboración no solo la RFEF, sino que es imprescindible, para que la misma no fracase, la participación tanto de ProLiga como de la patronal de los clubes de Segunda B y Tercera, como del CSD como titular de las competiciones oficiales de ámbito estatal”.

La asociación insta a que no envíen “documentación económica a la RFEF, máxime cuando no está previsto consecuencias jurídicas para aquellos clubes que no lo envíen”.