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Los vecinos del Atlántida se oponen a suspender el derribo del parking

  • Los propietarios del edificio Escalinata acordaron con el Ayuntamiento de Algeciras solicitar que no se demoliera

  • El TSJA dictaminó en 2004 que el aparcamiento era ilegal

Aparcamiento Escalinata en la avenida Virgen del Carmen. Aparcamiento Escalinata en la avenida Virgen del Carmen.

Aparcamiento Escalinata en la avenida Virgen del Carmen. / erasmo fenoy

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La larga serie judicial del caso Escalinata sigue dando capítulos (y van ya 17 años de culebrón). El último, la negativa de los vecinos del edificio Atlántida a que se suspenda el derribo del aparcamiento Escalinata, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2004 y que sigue en pie pese a la insistencia de los tribunales en ejecutar la demolición y ante la persistencia del Ayuntamiento de Algeciras en no demolerlo. Una negativa vecinal que podría cerrar otra puerta al Consistorio en su estrategia para eludir un derribo que amenaza con consecuencias millonarias sobre las arcas municipales.

El aparcamiento de la avenida Virgen del Carmen fue considerado ilegal por la Justicia tras una denuncia formulada por los propietarios del edificio Atlántida, que reclamaron desde el mismo momento de su construcción. El TSJA dio la razón a los vecinos: el edificio se había construido sin licencia y se había hecho pasar de forma "grotesca" por subterráneo tomando con rasante la Plaza Alta en lugar del Paseo Marítimo. En el camino, su construcción causó la ruina del edificio Escalinata, cuyos vecinos tuvieron que ser realojados.

Fueron los propietarios de Atlántida los que denunciaron la edificación del parkingLa demolición está pendiente desde el año 2006, cuando se pidió por primera vez

El Ayuntamiento de Algeciras y Nautagest (concesionaria del parking) recurrieron al Tribunal Supremo pero este ratificó la ilegalidad del edificio en 2006. Ya entonces, la comunidad de vecinos del Atlántida solicitó la ejecución de la sentencia y derribo del parking, una petición a la que se sumaron los propietarios del Escalinata. No obstante, la ejecución de la sentencia quedó en suspenso cuando el Consistorio presentó al TSJA un plan especial de movilidad para regular la rasante de los aparcamientos, plan que fue rechazado dos años después. El Ayuntamiento acudió de nuevo al Supremo y este anuló el plan de movilidad en 2014. Se iban cerrando así poco a poco las vías de escapatoria que tenía el Consistorio para evitar el derribo.

De nuevo los vecinos de ambos edificios reclamaron la demolición. El Consistorio, que se veía afrontando una indemnización multimillonaria a la empresa concesionaria si tenía que ejecutar la obra, probó con otra alternativa: presentó un incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia. Esgrimía la afección a las edificaciones colindantes y el quebranto económico para las arcas municipales, ante la indemnización que podría reclamar Nautagest (concesionaria por 50 años) por el lucro cesante. Proponía frente a ello una demolición parcial, pero esto también fue rechazado por el TSJA. Corría ya el mes de noviembre de 2016.

Empezó a contar de nuevo el plazo para la ejecución de la demolición. El Alto Tribunal andaluz ha venido empujando desde entonces al Ayuntamiento para que derribe sin más dilaciones el parking. Ha solicitado un calendario de actuaciones, ha reclamado que se identifique a responsables de la ejecución de la sentencia y ha preguntado en varias ocasiones por la marcha de los trabajos. A finales de mayo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras dio un ultimátum al Consistorio ante los continuos retrasos, un último plazo de dos meses para que acredite la contratación de las obras de demolición de las oficinas del edificio Escalinata. Y le advirtió de que, si no presenta los documentos en ese periodo de tiempo, impondrá una primera multa de 200 euros a los responsables municipales de ejecutar la demolición.

El Ayuntamiento había intentado una última variante para eludir el derribo: en el acuerdo al que llegó con los propietarios del edificio Escalinata para indemnizarlos por los gastos sufridos al quedar en ruinas sus viviendas incluyó una cláusula al respecto, por la que solicitarían al juzgado que se suspendiera la ejecución de la demolición al estar tramitándose un acuerdo extrajudicial.

La propiedad del Escalinata transmitió esa petición al juzgado. Pero la comunidad de propietarios que inició el periplo judicial para declarar ilegal y lograr el derribo del parking era otra, la del edificio Atlántida. Ellos son los denunciantes y los que han conseguido la condena y han contestado ahora a la sala del TSJA mostrando su "disconformidad" con la posible suspensión de la ejecución de la sentencia, "sin que nada tenga que oponer a los posibles pactos que la comunidad de propietarios del edificio Escalinata Murillo pueda celebrar con el Ayuntamiento de Algeciras" por no ser de su incumbencia.

Así se lo han comunicado en un escrito a la sala, en el que también puntualizan que esa declaración de disconformidad se formula sin perjuicio de las consideraciones que en su día puedan hacer respecto a la redacción del proyecto de demolición del parking en cuanto a los posibles efectos que esta pudiera tener en los edificios colindantes.

A finales de 2017, el Ayuntamiento comunicó al juzgado que sería una empresa especializada la encargada de redactar el proyecto de demolición del parking, ya que sus técnicos carecían de los medios necesarios para afrontar esos trabajos. El Consistorio aseguraba el pasado octubre que ya estaba trabajando en el proceso de contratación de ese proyecto.

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