El Gobierno del Reino Unido obligará a Gibraltar y otros trece territorios británicos a elaborar y presentar antes del 31 de diciembre de 2020 un registro público con los nombres de los propietarios de las empresas establecidas en su jurisdicción.

Tendrán que hacerlo después de que la Cámara de los Comunes haya dado el visto bueno, en medio de una enorme polémica, a una enmienda a la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales. El apoyo de veinte conservadores que iniciaron una revuelta liderada por el diputado Andrew Mitchell, ex secretario de Desarrollo Internacional, fue clave para que se introdujera en la legislación esta medida, muy celebrada por todos los activistas contra el blanqueo de capitales.

En un intento por evitar que la enmienda saliera adelante, el ministerio de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, se había comprometido a trabajar para que los territorios briánicos introdujeran registros públicos "como el estándar mundial" antes de 2023. Sin embargo, Andrew Mitchell se opuso a esta medida por considerarla demasiado suave y consiguió que 19 compañeros de partido amenazaran con saltarse la disciplina de voto. El Gobierno tuvo entonces que tirar la toalla frente a la clara mayoría que estaba dispuesta a apoyar la enmienda en la Cámara de los Comunes. "Hay un espectro de actividad que comienza con la evasión de impuestos y luego pasa rápidamente al lavado de dinero y al crimen organizado. Gran Bretaña y sus territorios de ultramar se han convertido en la jurisdicción preferida para el dinero sucio debido al secreto de nuestras leyes de propiedad offshore", explicó la diputada laborista Margaret Hodge, una de las principales defensoras de la medida, en declaraciones a The Guardian.

En el texto de la propuesta puede leerse que se adopta "con el propósito de detectar, investigar y prevenir el lavado de dinero" y se especifica que el Reino Unido tendrá que prestar ayuda a los territorios de ultramar para implementar la medida.

Andrew Mitchell consideró que "el argumento de que los registros están disponibles en privado para las autoridades del Reino Unido es insuficiente". "Los registros públicos permiten la presentación de informes y la discusión de estos asuntos por parte de los medios y la sociedad civil, como lo demostró el debate posterior a la filtración de los Papeles de Panamá". añadió.

La ONG Transparencia Internacional consideró que con esta legislación Reino Unido "acaba de hacer más difícil para los corruptos esconder sus riquezas en los territorios de ultramar". "Esta es una gran victoria en la lucha contra la corrupción transfronteriza", sentenció el colectivo.

Open Ownership, una asociación creada a finales de 2016 por siete organizaciones anticorrupción, también mostró su satisfacción por la medida. "Cada jurisdicción que se compromete a publicar abiertamente la información de beneficiarios reales nos acerca a nuestro objetivo de crear un registro verdaderamente global y abierto", explica Zosia Sztykowski, coordinadora de proyectos, en declaraciones a The Guardia. "Cuantos más datos podamos vincular, menos lugares habrá para que los blanqueadores de dinero se oculten", apostilló.

Para que estos registros sean realmente útiles, explica Sztykowski, los datos deben agruparse para que los investigadores (policías, periodistas, equipos antifraude) puedan seguir el dinero a través de las fronteras. Si un individuo oculta su propiedad de un activo detrás de una cadena de empresas, cada una registrada en un país diferente, los investigadores necesitan la cooperación de sus compañeros en todo el mundo para descubrir a quién pertenece una empresa. A menudo, esto lleva tanto tiempo que el criminal ha escapado antes de que la tarea pueda completarse. Otras veces, la información no puede ser obtenida. "Nuestra intención no es solo hacer públicos los datos y hacerlos accesibles, sino también permitir que se puedan utilizar", insistió Sztykowski. Su equipo (financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido) ha creado un sistema estandarizado para que se puedan seguir los registros, de modo que cuando publiquen los datos sobre la propiedad de las empresas serán coherentes entre sí y puedan compararse automáticamente con la información que ya es pública.