La primera reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en la entidad municipal sirvió, básicamente, para poner sobre la mesa las posturas diametralmente opuestas entre las partes. Las centrales insistieron en exigir la retirada del ERE tramitado para despedir a 178 trabajadores como condición para seguir negociando; la parte empresarial, encabezada por el alcalde, Jorge Romero, defendió la medida como necesaria no sólo para reducir los costes de personal, también para regularizar la gestión de recursos humanos en la entidad dado que, recordó, buena parte de los contratos cuya extinción se plantea fueron efectuados en fraude de ley (sin plazas ni concurso).

El inicio de la reunión estuvo marcado por las protestas de los trabajadores pertrechados con carteles que mostraron su oposición con el ERE a la entrada del salón de plenos, lugar elegido para la reunión que se prolongó durante más de cuatro horas. Así, a su término, desde la UGT (sindicato mayoritario entre el personal laboral) señalaron haber propuesto "numerosas soluciones" como por ejemplo la realización de un ERTE de varios meses; la incentivación de bajas; jubilaciones anticipadas; congelación de la plantilla para que no siga aumentando e incluso la adaptación de puestos o la posibilidad de negociar una moratoria con Hacienda para retrasar el pago de la deuda que se mantiene con la Seguridad Social. Con estos mimbres, el asesor de la FSP-UGT, José Porras Naranjo, advirtió que no está dispuesto a negociar despidos "mientras haya alternativas".

Porras Naranjo también recordó las otras medidas de recorte ya aplicadas en la entidad que han supuesto una merma del capítulo de personal y que alcanzarían al 50% de la plantilla de aceptarse el ERE dejando a servicios sin personal.

El alcalde replicó que no está cerrado a ninguna opción e incluso defendió la posibilidad de alargar el periodo de consultas si hay buen clima negociador. Pero Romero dejó claro que el margen que posee la entidad local es para mejorar el plan de acompañamiento social. "No es sólo pactar un despido. Es buscar salidas laborales para los que dejen la entidad local y poder sacar al Ayuntamiento de la bancarrota. Ahí puede haber avances fructíferos para ambas partes. Lo que buscamos con la negociación es no recurrir a la amortización pura y dura", señaló. Romero sí dejó claro que en caso de necesitar personal tras el ERE, se contrataría con un respeto escrupuloso de la legalidad.