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Los menores derivados a Sevilla ya están en sus nuevos destinos

Dos mujeres descienden de un barco de Salvamento Marítimo ayer en el Puerto de Algeciras. Dos mujeres descienden de un barco de Salvamento Marítimo ayer en el Puerto de Algeciras.

Dos mujeres descienden de un barco de Salvamento Marítimo ayer en el Puerto de Algeciras. / jorge del águila

La Junta de Andalucía procedió ayer a distribuir a los 88 menores inmigrantes que llegaron a Sevilla en la madrugada del jueves tras ser rescatados en pateras en el Estrecho y no poder ser atendidos en la comarca y el resto de la provincia por la saturación de los centros de menores. Los jóvenes fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de la Policía Nacional en la avenida de Blas Infante de Sevilla. Una vez practicadas las pruebas que determinaron que eran menores de edad, la Administración regional asumió su tutela y decidió derivarles de forma provisional a los centros tutelados de Carmona y Marchena a la espera de que se les asignara destino definitivo.

"Fueron puestos a disposición de la Junta a lo largo de la tarde del jueves. Por tanto, se consideró que lo oportuno era dejarles descansar en los centros de la provincia", explicó la subdirectora general de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Josefa Vázquez.

Los 88 menores -84 varones y cuatro chicas de origen marroquí- fueron trasladados a instalaciones situadas en otras provincias salvo Cádiz, donde los medios de acogida están saturados debido a la incesante afluencia de pateras de las últimas semanas. Estos centros, gestionados tanto directamente por la Junta como por convenios con entidades, cuentan con un equipo de asistentes sociales y monitores y en ellos viven menores hasta que llegan a la mayoría de edad, siempre en régimen abierto.

El protocolo estipula que los menores migrantes no acompañados deben ser identificados al llegar a puerto. Si no hay dudas sobre su minoría de edad, son trasladados a un centro de menores. En caso contrario, hay que practicar las pruebas oseométricas de determinación de edad. Pero los centros de acogida de la provincia de Cádiz, donde suelen ser derivados en primera instancia, están colapsados desde hace semanas, por lo que la Policía no puede llevar allí a más personas.

La atención brindada a este grupo de menores ha saltado a la arena política. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, criticó ayer la "falta de recursos económicos y materiales" para asistir a los inmigrantes "como les corresponde". Moreno, explicó que al PP-A le "preocupan muchísimo" las noticias que reciben de la "avalancha de inmigrantes" que llegan a las costas andaluzas, especialmente a las de Cádiz, "Nos preocupa el hecho de que de que los centros de menores de inmigrantes estén absolutamente sobrepasados, según los propios trabajadores, que aseguran que no tienen garantías para proporcionar a los menores los servicios que se debería", indicó el presidente del PP-A.

El líder de los populares andaluces manifestó que si esta situación hubiera ocurrido con un Gobierno del PP, "todo sería confrontación, queja y bronca", mientras con el PSOE "hay docilidad, tranquilidad y absoluto silencio vergonzoso de la presidenta de la Junta de Andalucía". Moreno sostuvo que en Andalucía "están pasando cosas suficientemente graves" e instó a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, a que ofrezca explicaciones y respuestas "a las necesidades de los andaluces".

Por su parte, Ciudadanos registró ayer en el Parlamento de Andalucía una solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para que explique "la situación de los menores extranjeros no acompañados y la actuación del Gobierno andaluz".

La portavoz adjunta de Ciudadanos, Marta Bosquet, lamentó que el PP "haya hecho mal el trabajo", ya que cuando el pasado jueves solicitó en la Diputación Permanente la comparecencia extraordinaria de la consejera no fue admitida porque no especificaba que se tratara de los menores, sino de la política de inmigración en general, asunto sobre el que la Comunidad no tiene competencia.

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