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El juzgado apercibe al Ayuntamiento por no enviar el expediente del Escalinata

  • Le advierte de que impondrá una sanción de 300 a 1.200 euros si no lo remite en plazo

El parking Escalinata. El parking Escalinata.

El parking Escalinata. / e.s.

El periplo judicial del caso Escalinata vuelve a dejar una amenaza de sanción al Ayuntamiento de Algeciras. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha enviado una diligencia al Consistorio reclamando por segunda vez que remita la documentación relacionada con la concesión del parking Escalinata, después de que la concesionaria, Nautagest, haya interpuesto un contencioso para reclamar la resolución del contrato y una indemnización de 6,3 a 8,2 millones de euros. Y advierte al Consistorio que si no la entrega en plazo habrá multa.

El escrito llega después de que el pasado mes de junio se admitiese a trámite la demanda de Nautagest contra el Ayuntamiento algecireño. La empresa fue la adjudicataria de la construcción y explotación del parking Escalinata, que ha sido declarado ilegal por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y tiene que ser demolido. Por ello, cuando el alcalde, José Ignacio Landaluce, emitió un decreto iniciando el proceso administrativo para el derribo, Nautagest reclamó al Consistorio que resolviese el contrato y la indemnizase por la parte de la obra no amortizada, el daño emergente y los beneficios que se han dejado de percibir. En total, calcula la empresa, entre 6,3 y 8,2 millones de euros. Al ser desestimada su petición por silencio administrativo, la compañía decidió recurrir a los tribunales.

Allí presentó en junio un contencioso para lograr el final del contrato. Al admitirse a trámite, el juzgado reclamó al Ayuntamiento que le remitiese el expediente administrativo completo o copia autentificada del mismo en un plazo de veinte días. Eso fue a primeros de junio. El pasado 20 de julio, el juzgado volvía a reclamar al Ayuntamiento el envío del expediente administrativo, dando un nuevo plazo de diez días.

Pero además, la orden llegaba bajo el apercibimiento de que, de no enviar la información requerida en ese plazo, podría imponerse una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable, que sería reiterada cada veinte días hasta el cumplimiento de lo acordado. Para ello, el juzgado reclama al Consistorio que comunique la identidad del funcionario responsable de la remisión del expediente, haciéndose cargo el Ayuntamiento de la multa en caso contrario.

El Ayuntamiento es reincidente en los retrasos frente a la administración de justicia. A primeros de junio otro juez, en este caso el encargado de la ejecución de la sentencia principal del caso, ya remitió una providencia advirtiendo al Consistorio de que empezaría a imponer multas si no se acreditaba la contratación de las obras de demolición de las oficinas del parking.

Fuentes municipales informaron ayer a Europa Sur de que desconocían la existencia del citado requerimiento por parte del juzgado. Por la mañana, José Ignacio Landaluce consideraba que el recurso interpuesto por la empresa es "una estrategia legal" frente a la reclamación de daños por "la mala construcción del parking". "Tiene que cumplir con su obligación y el acuerdo -con los vecinos-, que está pendiente de que lo vise el juez y nos dé el visto bueno de los daños al edificio", destacó el alcalde al ser cuestionado sobre el contencioso.

"El Ayuntamiento hará frente y tendrá que hacerlo junto a Nautagest, la constructora, porque no puede ser que el Ayuntamiento, que no ha construido, tenga la única responsabilidad", destacó. Landaluce reiteró que "el Ayuntamiento está acometiendo la solución a un problema que generaron unos gobernantes en otros tiempos", por el que "hay un alcalde socialista condenado".

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