El viejo chaparral del Rinconcillo se muere. No inmediatamente ni de forma natural, pero se muere. Desde hace 18 años, la arboleda que existía en la entrada del barrio, muy cerca de donde se encuentra ahora la Comisaría de la Policía Nacional, pierde de forma sistemática encinas y eucaliptos. Más de dos tercios de los árboles se han muerto y los que quedan se ven secos, enfermos, a punto de pasar a alimentar alguna chimenea. Para encontrar el motivo de la desaparición masiva de estos árboles basta con acercarse a alguno de los que sobrevive y rodearlo. En la base encontrará perforaciones realizadas probablemente con un taladro de las que supura un líquido oscuro. La secreción resbala por la corteza e indica que otro chaparro va caer. Según la asociación Nosotros, el Pueblo de Algeciras alguien los está envenenando. ¿Quién? Nadie lo sabe.

El colectivo se percató hace años del arbolicidio. Sospecha que quien quiera que sea el responsable le inyecta ácido de las baterías de los coches, cloro de las piscinas o aceite de motor para que vayan secándose. Cuando mueren, basta con avisar a la Delegación de Parques y Jardines, que se encarga de talar el tronco y retirarlo.

Este ha sido el sistema empleado durante años y el resultado es desolador. Esta zona verde cercana a la avenida de El Embarcadero es un solar lleno de malas hierbas y sembrado de tocones, restos de los chaparros y eucaliptos que daban nombre al lugar. Los árboles estaban en un espacio público liberado como consecuencia de la unidad de ejecución 6UE18 del Plan General Municipal de Ordenación, urbanizado en 2000 como residencial El Chaparral. Basta con observar los mapas de satélite desde esos años hasta ahora para observar la pérdida masiva de la vetegetación de norte a sur.

La asociación puso el problema en conocimiento de Seprona, realizó un registro informando al Ayuntamiento, se lo comunicó al Defensor del Pueblo Andaluz e incluso presentó una denuncia ante los servicios de inspección del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Nadie ha hecho nada. Al Ayuntamiento le ha solicitado información, sin obtener respuesta, sobre si las perforaciones en encinas y eucaliptos y el gran número de árboles talados, de los que ya solo quedan los tocones en el suelo, responden a algún tipo de enfermedad sobrevenida o si hay correspondencia con la acción humana y un interés particular.

La asociación entregó además un informe con fotografías, aéreas y de árboles perforados para reclamar la intervención de la Junta de Andalucía, a la que pide la reforestación inmediata del espacio público.Preguntaba además por “la disposición particular de acceso a ciertas viviendas”. Porque el residencial ElChaparral presena numerosos accesos particulares a la zona de uso público. “Tal circunstancia entendemos que supone un uso privativo del área de uso general”, subraya el colectivo.

“Más allá del mandato a los poderes públicos del art. 45 de la Constitución, de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; el Estatuto de Andalucía instaura el principio de sostenibilidad y de mejora de calidad de vida de los andaluces mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, siendo uno de los deberes del poder político e institucional el respeto y conservación del medio ambiente”, explica el presidente, José Luis Castillo. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como fines específicos de la actividad urbanística en su artículo 3.1, conseguir el desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía y vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.

“Entendemos que la falta de sensibilidad ecológica y de compromiso ambiental de los poderes públicos quebranta el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente y a mantenerlo”, continúa el colectivo. “La sostenibilidad debe inspirar el modelo de aprovechamiento y conservación del medio natural urbano porque se trata de un bien jurídico relacionado con la salud y el derecho a un disfrute saludable, equilibrado y sostenible de los recursos naturales, del paisaje y del entorno”, añade.

“Corresponde a la administración tutelar el ejercicio del derecho al medio ambiente. Son los encargados de diseñar las políticas públicas, los responsables de la defensa de ese derecho ciudadano. Es desalentador contemplar el estado de la ciudad y la escasa comprensión de los políticos que cuando no son artífices de las tropelías, tampoco ponen remedio al proceso de degradación ambiental. Son remisos a entender que la percepción social del medio ambiente es una demanda fundamental, un derecho, un elemento determinante de los índices que miden la calidad de vida e importancia social de un lugar”, explica Castillo. “Necesitamos políticas públicas que prevean el uso de las generaciones futuras, que entablen una nueva relación con el medio ambiente urbano de respeto y protección como herramientas de sostenibilidad ecológica de la sociedad y un uso racional del suelo que evite la especulación que preside tantos desmanes”, manifiesta.“El diseño y despliegue de políticas institucionales de conservación y promoción de la sostenibilidad considerando la visión de la sociedad –que es la mirada del ciudadano– desde un punto de vista de derecho ciudadano y deber institucional, determina un modo de construcción social del habitat humano y responsable. Mientras los políticos del Parlamento andaluz barajan la posibilidad de una futura Ley de sostenibilidad, la ciudad expone las heridas de ése modo displicente en el ejercicio del poder local”, concluye.