La Comunidad de Propietarios de residencial El Greco, en el barrio algecireña del Rinconcillo, ha solicitado por escrito al Ayuntamiento que ejecute la demolición de una vivienda de dos plantas de la avenida Diputación que se construyó sobre unos terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana preveía para construir un viario que desembocaría en la autovía.

Los vecinos sufren cada año inundaciones, que en algunos casos les han obligado a abandonar sus casas, debido a que el muro de la vivienda levantada ilegalmente impide la salida natural del agua de la lluvia y convierte el lugar en un embalse. Tanto es así que este invierno el propietario del chalet ha tenido que hacer un boquete en el muro perimetral para permitir que circule el agua y paliar las anegaciones de la zona.

El proceso comenzó el 26 de abril de 2004, cuando se detectó la construcción irregular de la vivienda y el propietario hizo caso omiso de las advertencias de Disciplina Urbanística. Los vecinos explican que el juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras dictó sentencia el 8 de febrero de 2010 ordenando la demolición. El dueño de la casa se negó a abandonarla y los operarios municipales no pudieron echarla abajo. La institución municipal solicitó auxilio judicial ante esta situación y, una vez que se habían realizado todos los requisitos legales y se había fijado fecha para la actuación, hubo nuevamente que suspenderla a instancia del juzgado de lo contencioso, al tener constancia de un recurso de revisión de la sentencia presentado por el propietario ante el TSJA con sede en Granada.

El 17 de octubre de 2011, el Ayuntamiento anunciaba el inminente derribo de la vivienda, toda vez que el Juzgado había concedido la autorización para acceder al interior de la misma. En junta de portavoces, el actual delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, reprocho a su antecesor en el cargo, el socialista Diego Sánchez Rull, que no hubiese ejecutado la sentencia en su momento. El 12 de diciembre de 2011, la Gerencia de Urbanismo anunciaba el auto dictado por el juez en el que se concedía la suspensión cautelar de la sentencia por la que se ordenaba el derribo de la vivienda situada en la Avenida Diputación 45, hasta que se resolviera el recurso de revisión contra dicha sentencia que presentó el propietario ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De nuevo, se paralizaba el derribo. El 3 de mayo de 2012, el juzgado rechazaba el recurso presentado por el propietario, que está acusado de construir ilegalmente una vivienda sobre un viario público. El juez concedió autorización judicial al Ayuntamiento para el derribo el 31 de enero de 2013. Urbanismo anunciaba el inicio de los trámites para ejecutar de forma solidaria la orden de derribo, toda vez que el propietario había agotado el plazo legal para actuar de manera voluntaria. Más de cinco años después, el Ayuntamiento sigue sin actuar.

El pasado jueves 26 se cumplieron 14 catorce años desde que se iniciara el expediente. La vivienda continúa intacta, las inundaciones siguen produciéndose, el viario no puede construirse y la urbanización sigue sin estar recepcionada porque no puede cumplir con las exigencias urbanísticas. Los vecinos tienen que pagar de sus bolsillos las farolas para iluminar la calle. No pasa mucho tiempo sin que haya que reponerlas, porque con las anegaciones se estropean. No es extraño que la calles se quede a oscuras, mientras los vecinos no se atreven si quiera a aparcar sus coches allí cuando llueve.

El propietario, que hace años obtuvo el apoyo de algunos vecinos para tratar de alcanzar un acuerdo que no le dejara sin casa, continúa plantando una guerra judicial que no parece dispuesto a abandonar pese a que se estima que tiene multas por valor de más de un millón de euros acumuladas.