La Línea

La caída de Promaga

  • La empresa de Manuel Gavira ha pasado de facturar 50 millones al año a estar embargada

  • El linense está condenado por una estafa en grado de tentativa a Hacienda por 17 millones

La puerta de la oficina de Promaga está precintada, aunque un cartel en inglés informa de que se atiende por la puerta trasera. La puerta de la oficina de Promaga está precintada, aunque un cartel en inglés informa de que se atiende por la puerta trasera.

La puerta de la oficina de Promaga está precintada, aunque un cartel en inglés informa de que se atiende por la puerta trasera. / Erasmo Fenoy

Antes de que la burbuja inmobiliaria estallara en 2008, la promotora Promaga, del empresario linense Manuel Gavira, era una de las más activas de toda la comarca. Levantó viviendas por toda la comarca e incluso en la Costa del Sol. En 2005, la sociedad facturó 50 millones de euros y contaba con una cartera de suelo para más de 4.000 viviendas. Sin embargo, ese imperio se ha ido desmoronando a raíz de la crisis. Hasta el punto de que Promaga, que en el Registro Mercantil figura con Manuel Gavira Gómez como administrador único, aparece entre las empresas con mayor deuda con Hacienda. La Agencia Tributaria la sitúa en el puesto 17º con 70.796.871,32 euros pendientes de pago.

La sociedad también debe dinero a la Tesorería General de la Seguridad Social –en este caso no se ha hecho pública la cantidad–, motivo por el cual las oficinas que la empresa tiene en el Centro Comercial San Roque Golf Resort han sido precintadas, lo que no le impide seguir atendiendo a sus clientes por la puerta trasera, tal y como puede verse en el cartel que hay en la puerta de estas dependencias.

El fiscal solicita cuatro años de prisión para el empresario por alzamiento de bienes

Gavira, además, ha recurrido ante el Tribunal Supremo una pena de dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravada a la Hacienda pública en grado de tentativa y tiene pendiente un juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes. A estas causas se le suman importantes deudas con entidades bancarias que finalizarán con los embargos de las propiedades que aún tiene la entidad y que en la actualidad, ante la imposibilidad de venderlas, las ofrece en régimen de alquiler.

Las joyas de la corona de Promaga son el centro comercial situado en la vía de servicio de San Roque Club –donde se encuentran las oficinas precintadas– y el hotel San Roque Suites. Mientras que las oficinas situadas en el centro comercial han sido embargadas y está previsto que salgan pronto a subasta, el hotel San Roque Suites ha sido embargado por el banco Santander por una deuda de más de 15 millones de euros. El hotel estaba a nombre de una sociedad del grupo Promaga –tiene un total de 24–, en este caso Las Suites de San Roque Club SL. Esta y otra del grupo, Future 2011, proyectos y promociones sostenibles SL, están en concurso de acreedores voluntario y son gestionadas por un administrador concursal, Adalberto Cañadas Castillo. El concurso de la primera empresa fue publicado en el BOE el 14 de noviembre de 2017 y el de la segunda, el 26 de febrero de 2018. De las 24 sociedades, estas dos son las únicas en concurso.

El resto de empresas no han entrado en concurso voluntario de acreedores porque al tratarse de una gran cantidad de sociedades gestionada por una sola persona el juez podría clasificar el concurso como culpable o quiebra fraudulenta. En este caso el administrador único tendría que responder con su patrimonio personal y se podrían derivar otro tipo de delitos.

La sociedad tiene precintadas sus oficinas y ha perdido el hotel San Roque Suites

Las dos sociedades que se encuentran en concurso de acreedores fueron utilizadas junto con otras, algunas creadas ex profeso, para intentar cometer un delito continuado de estafa a la Hacienda pública de unos 17 millones de euros. Así lo estima la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que emitió la sentencia el 18 de diciembre de 2017 y que condenó a Gavira a dos años de prisión como autor responsable de un delito continuado de estafa agravada en grado de tentativa. El empresario la recurrió ante el Tribunal Supremo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, considera como hechos probados que el empresario realizó aportaciones simuladas de bienes inmuebles desde Promaga a otras sociedades del grupo entre los meses de marzo y junio de 2011 con el fin de obtener indebidamente la devolución del IVA. El empresario reclamó por este concepto unos 17 millones de euros que la Agencia Tributaria no le reconoció. Los bienes que se transfirieron a estas sociedades de forma simulada eran de naturaleza rústica, por lo que la entidad que realizaba la transmisión debía renunciar a la exención del IVA. La empresas eran Conjunto Sur SL, Las suites de San Roque Club, Pueblo 2A de San Roque Club, Class One logística y gestión y Future 2011 proyectos y promociones. La sentencia señala como indicios relevantes de la conducta delictiva del acusado el hecho de que ninguna de las nuevas empresas tuviera actividad mercantil alguna, sino que el único fin declarado por estas sociedades era el adquisición de los inmuebles aportados por Promaga SA.

En este proceso la Abogacía del Estado solicitó una pena por delito fiscal del que fue absuelto. La sentencia está recurrida por parte de Gavira al Tribunal Supremo, que será el encargado de hacerla firme o revocarla.

La oficina de Promaga, en el centro comercial San Roque Golf Resort La oficina de Promaga, en el centro comercial San Roque Golf Resort

La oficina de Promaga, en el centro comercial San Roque Golf Resort / Erasmo Fenoy

Además, el empresario será juzgado en próximas fechas por un presunto delito de alzamiento de bienes en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Algeciras. En este procedimiento, el fiscal solicita cuatro años de prisión. El juicio fue suspendido, pero fuentes cercanas al caso señalan que se celebrará en breve.

La conclusiones provisionales del fiscal señalan que Manuel Gavira acordó el pago a una empresa por varios servicios prestados antes de 2011 un total de 1.224.996,67 euros. De esta cantidad, 500.000 euros fueron pagados mediante un cheque bancario y cuatro inmuebles hasta alcanzar el total de la cifra. Sin embargo, Gavira creó sociedades a las que aportó los bienes acordados como pago “a sabiendas y con intención de impedir el cobro de sus deudas por parte de los acreedores”.

Este mismo procedimiento, según el fiscal, lo usó Gavira a través de Promaga en 2005 con un particular “con la finalidad de impedir el cobro de sus créditos”. Esta persona adquirió una vivienda en la promoción Altavista, en la Alcaidesa, pero la empresa no cumplió el contrato y el Juzgado Mixto número 2 de San Roque condenó a Promaga a abonar 147.928 euros, de los que una entidad bancaria aportó solidariamente 42.265,6 euros. La sociedad no abonó esa cantidad, por lo que fueron embargadas dos fincas. Sin embargo, esas fincas fueron aportadas cuando estaban pendientes de embargo a la empresa de nueva creación Gestión de Proyectos Urbanos Empire 5000.

En la actualidad, la actividad de la empresa está muy limitada por la gran deuda que acumula no solo con la Administración, sino también con entidades bancarias y particulares. Promaga usa sus oficinas, aun estando precintadas, por la puerta trasera para gestionar los alquileres de las viviendas con las que aún cuenta en las promociones que construyó. Sin embargo, estas casas se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria porque están hipotecados por diferentes entidades bancarias y es muy posible que sean adjudicadas en próximas subastas. El dinero se gestiona a través de una sociedad del grupo que aún puede tener cuentas corrientes.

Las malas prácticas de Promaga también tienen proyección internacional porque la empresa creó una filial para Ecuador, donde desde 2009 vendió sobre plano unas 1.400 viviendas en Quito destinadas a emigrantes en España, Italia y Estados Unidos. Promaga Ecuador llegó a tener oficinas en Madrid, Barcelona, Murcia, Milán y Nueva York para venderlas y, tras recibir importantes cantidades de ecuatorianos que pensaban que iban a tener unas viviendas con todas las comodidades, las casas se quedaron a medio construir.

Una mínima parte llegó a ocupar las viviendas, aunque sin los servicios básicos, y los afectados llegaron a pagar entre el 20% y el 30% del total, los ahorros de toda una vida. Muchos de ellos se han integrado en grupos de afectados para intentar hacer más fuerza, pero a día de hoy, a pesar de que intercedió la embajada de Ecuador en España, no ha sido juzgado.

En 2015 llegó a tener una orden de búsqueda internacional emitida por un juzgado de Ecuador por una deuda de 8 millones de dólares con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

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