Catorce de abril: una operación contra el narcotráfico se salda con la incautación por parte de la Policía Nacional de cinco narcolanchas, quince potentes motores y unos 2.200 litros de combustible. Primer día de mayo: se da a conocer otra gran operación, en este caso de la Guardia Civil, en la que se intervienen otras dos embarcaciones semirrígidas con tres motores de 300 cv cada una y dos remolques para lanchas, dos tractores, un semirremolque de camión, tres todoterrenos, cuatro motocicletas y un buggy. Y además 3.500 litros de gasolina repartidos en petacas.

Todos esos vehículos necesitan un sitio en el que ser almacenados mientras esperan el procedimiento judicial. En el caso de Andalucía, deberían custodiarse en el depósito judicial que gestiona la Junta de Andalucía mediante concesión pública o en alguno de los privados autorizados de forma excepcional. Pero eso no está ocurriendo, advierten policías y guardias civiles: la falta de espacio en el que almacenar los vehículos está provocando que estos se estén quedando en comisarías y acuartelamientos, con el riesgo que ello supone. Y cada semana se incautan vehículos nuevos.

Los agentes se ven obligados a trasladar las narcolanchas ellos mismos

Hace unas semanas eran los gestores de dos entidades encargadas de la gestión de los depósitos de la comarca los que alzaban la voz de alarma después del robo a punta de pistola de una narcolancha en el depósito de Conil de la Frontera. Los almacenes están abarrotados, alertaban. Solo en el depósito de Conil, Rent Marín y Asistencia La Janda acumulan 1.100 vehículos y otros 300 en los espacios habilitados en el Campo de Gibraltar. Los depósitos también denuncian dificultades con los pagos por el almacenamiento de los vehículos. A consecuencia de ello, los almacenes se están negando a admitir más bienes incautados. Y son los centros policiales los que se están convirtiendo en almacenes.

En la comisaría de La Línea "siempre hay varios coches robados aparcados fuera porque ya no nos caben dentro", explica un policía, "algunos llevan ya dos meses para que los recojan". "Cualquier día nos roban un vehículo recuperado de la puerta y a ver cómo se lo explicamos al dueño".

El problema incluye también las narcolanchas incautadas. Las semirrígidas de 12 metros de eslora y tres motores ocupan mucho sitio y según denuncian policías y guardias civiles "no tenemos quien las retire". Las embarcaciones son almacenadas como se puede, pero las trabas logísticas se extienden también al transporte de las semirrígidas: los agentes se ven obligados a moverlas ellos mismos con los remolques que son intervenidos con el objetivo de quitarlas de la circulación lo antes posible, ya que la permanencia en el lugar supone un riesgo: "Sus propietarios pueden volver a recuperarlas". O quizás otros narcotraficantes quieren robarlas. Lo que ocurrió en el depósito de Conil.

"Si están montadas en tablas no podemos ni llevárnoslas", explica un policía. "No se pueden intervenir gomas en naves porque nadie las saca. Y si están enganchadas a un carro las podemos mover, pero eso es un riesgo enorme, llevamos un vehículo que no estamos acostumbrados a usar sin seguro" explica. En cualquier caso, una vez en el edificio policial, quedan a la espera, sin poder depositarlas en un lugar preparado para ello. Cuando están cerca del mar lo resuelven contando con Vigilancia Aduanera: "Las echamos al mar para que las remolque".

Desde La Línea apuntan que también han tenido problemas con el combustible incautado. Hay un convenio para el depósito de los bidones, pero no medios para llevarlos. En el caso de la Guardia Civil ese problema sí estaría resuelto.

Ambos cuerpos demandan desde hace tiempo una solución al problema de los bienes incautados, que se está agravando ante el elevado número de operaciones que se están desarrollando en el Campo de Gibraltar. En la actualidad hay un único depósito judicial público en Bellavista (Sevilla), aunque se han autorizado algunos almacenes privados en Cádiz por el elevado volumen de incautaciones. La Junta de Andalucía está tramitando el concurso de un nuevo depósito judicial que se situará en el Campo de Gibraltar. Ya sacó a licitación el depósito el pasado año, pero quedó desierta. Y la intención de la administración es sacar el servicio de nuevo a concurso, probablemente por un presupuesto superior al de la primera ocasión (817.718 euros IVA incluido).

En cuanto a las lanchas, recuerda la Junta, en 2013 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el de Fomento, la Fiscalía General del Estado y Puertos del Estado en el que se contemplaba a los puertos como depositarios de las embarcaciones intervenidas. Pero ese acuerdo, aseguran fuentes de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, no implica obligación alguna para el Puerto, que además "no tiene recursos para actuar como depósito judicial".