pedro sánchez castejón. secretario general del psoe

"El abandono del Gobierno hace mella en la comarca"

  • Achaca el aumento del narcotráfico a la reducción de las fuerzas policiales

  • Ante el Brexit, "lo fundamental son los derechos de los trabajadores"

Pedro Sánchez Castejón.

Pedro Sánchez Castejón. / Jorge del Águila

El sonido de las fichas de dominó moviéndose sobre las mesas y las voces de los jugadores en la planta baja llegan hasta la pequeña sala donde tiene lugar la entrevista. Al otro lado de la puerta esperan su turno varios grupos de personas, miembros de distintos colectivos sociales de La Línea que quieren compartir unos minutos con Pedro Sánchez antes de que éste protagonice una asamblea abierta. El centro de mayores de La Atunara es un amplio edificio de nueva construcción situado a un tiro de piedra de la playa de Levante, un clásico en los desembarcos de hachís. Hoy el mar está picado y a ratos llueve con fuerza.

-¿Cuál es la primera imagen qué tiene del Campo de Gibraltar?

-Como madrileño, la primera imagen que tengo es el mar, con la sensación de estar en una bahía abierta y en una zona con unas inmensas oportunidades. Lamentablemente, el abandono del Campo de Gibraltar por parte del Gobierno hace mella en la imagen de la comarca, pero eso no puede hacer que nos olvidemos de la buena gente que aquí vive y que quiere lo mejor para su tierra. Entre otras cosas, derechos y seguridad, puestas en tela de juicio precisamente por ese abandono.

-La presidenta de la Junta y el ministro del Interior han llegado a un acuerdo para, cada uno dentro de sus competencias, reforzar los medios de seguridad y desarrollar actuaciones en materia social. Parece que algo empieza a cambiar.

-La interlocución y el acuerdo entre administraciones en temas fundamentales como la seguridad es más que necesaria y hace bien la presidenta de la Junta en intentar tender puentes, pero hay que recordar a este Gobierno que desde que Rajoy ocupa la jefatura de La Moncloa se han reducido en 20.000 los dispositivos policiales disponibles en toda España, singularmente en Andalucía y más en concreto en el Campo de Gibraltar.

-El Gobierno ha anunciado que en breve se prohibirá la navegación de las lanchas planeadoras. ¿Caben otro tipo de medidas legislativas, como un endurecimiento de las penas por narcotráfico o blanqueo de capitales?

-Todo ese tipo de políticas son sin duda necesarias y se pueden y deben plantear en el Congreso de los Diputados, pero lo fundamental es aplicar medidas de prevención y eso tiene mucho que ver con reforzar las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado en zonas como el Campo de Gibraltar, que sufren en primera línea el problema.

-En materia penal, su partido rechaza la prisión permanente revisable pese a que en el seno de su grupo en el Congreso se produjo un importante debate donde se expresaron opiniones contrarias. ¿Existe una vía intermedia entre el mantenimiento de esa figura penal y su derogación?

-En unas circunstanscias tan dramáticas como la muerte del niño Gabriel, es difícil que el debate se pueda sustanciar. Ha sido responsabilidad de PP y Ciudadanos que haya tenido lugar en un momento muy delicado donde el dolor estaba presente. El PSOE, porque respeta el dolor de las víctimas, no va a intentar sacar beneficio propio del dolor de las víctimas.

-¿Puede cambiar la posición del PSOE sobre ese asunto una vez se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional?

-Vamos a esperar a ver qué dice el Constitucional.

-¿Y a partir de ese momento?

-Mire, le voy a decir una cosa: un político debe responder a las preguntas de un periodista, pero no voy a pronunciarme sobre hipótesis. Cuando se despeje, me podrá usted preguntar. Lo que sí le digo es que el Partido Socialista tiene una posición firme y clara sobre esta cuestión.

-Derogar la prisión permanente revisable.

-No, no es la derogación. El planteamiento del PSOE es que cuando hemos gobernado hemos endurecido el Código Penal como consecuencia del terrorismo que por desgracia padecimos durante tantos años. El Código Penal es de los más duros de la UE, con penas fijadas para los delitos de sangre en 25 o 30 años.

-¿Usted quiere ver la bandera de España en Gibraltar?

-Siempre he defendido que el contencioso sobre Gibraltar hay que resolverlo con el Reino Unido. Hay que dejar claro que si la UE no va a pagar una factura por el Brexit, tampoco lo va a hacer el Campo de Gibraltar como consecuencia de la pasividad del Gobierno de España.

-¿Es incompatible eso con la reclamación de la soberanía del Peñón o no toca ahora?

-La posición del PSOE sobre la soberanía es evidente, pero también le digo que más allá de lo que pueda ser una posición política, digamos estructural, sobre lo que representa el Peñón, desde el punto de vista coyuntural no me negará que hay miles de trabajadores en La Línea y el Campo de Gibraltar que se pueden ver especialmente afectados por el Brexit. En consecuencia, le pedimos al Gobierno de España que cumpla con los compromisos adquiridos con los trabajadores y los sectores más afectados.

-¿Y eso pasa por...?

-Por poner en marcha la comisión interministerial a la que se comprometió y por negociar con Reino Unido el menor impacto a una salida que se va a hacer realidad el próximo año.

-¿Qué condiciones debe reunir ese acuerdo?

-Lo fundamental son los derechos laborales y sociales de las personas y la circulación fluida de los trabajadores por la frontera con Gibraltar.

-El Gobierno ha aparcado la propuesta de soberanía compartida de España y Reino Unido sobre Gibraltar.

-Nosotros hemos propuesto impulsar la cooperación transfronteriza. Más allá del debate sempiterno entre España y Reino Unido a propósito de la soberanía, hay unos acuerdos de Córdoba, firmados por un Gobierno socialista, que enfocaba los esfuerzos en la cooperación.

-¿Hay que volver a esos acuerdos?

-Contenían elementos muy importantes para la economía del Campo de Gibraltar como podía ser la utilización conjunta del aeropuerto. Una cosa es la gran política, dependiente de los gobiernos, y otra es el día a día de los ciudadanos y ciudadanas del Campo de Gibraltar. Y hay que recordar que muchos trabajadores necesitan del amparo de las administraciones para poder seguir manteniendo a sus familias.

-Pregunta para nota: ¿Sabe qué puesto ocupa el Puerto de Algeciras en el ránking nacional por tráfico de mercancías y de personas?

-Creo que es el primero a nivel nacional y que está entre los veinte primeros a escala mundial. Lo he visitado un par de veces y le digo una cosa: me parece inaudito que la Administración central no haya cumplido con elementos básicos como la modernización de la conexión ferroviaria de Algeciras con Bobadilla. Es una obra cuyo presupuesto gira en torno a los 1.200 o 1.300 millones de euros y que debería estar concluida en 2020 según las previsiones de la Comisión Europea. Por el Puerto de Algeciras, si se pudiera poner a subasta, estarían pujando todas las grandes naciones del planeta porque está en un punto estrátegico. Se está desaprovechando un gran polo a nivel de transporte. Y eso, con un gobierno socialista, le aseguro que no ocurriría. Tenemos un compromiso con esta comarca y con la provincia de Cádiz que vamos a defender en los Presupuestos Generales del Estado. La Algeciras-Bobadilla no es una inversión cualquiera, es una inversión de país.

-Usted plantea la creación de un impuesto a la banca para mantener el pago de las pensiones, pero haciendo cálculos saldrían unos 1.000 millones de recaudación, insuficientes para mantener a flote el sistema. ¿Qué otras medidas propone? ¿Un sistema mixto de aportaciones del Estado y privadas, de capitalización individual de los trabajadores?

-El sistema de capitalización ha fracasado en muchos países, especialmente latinoamericanos. Sería la peor de las soluciones, al igual que la que está planteando el Gobierno, que es vivir del crédito. Este año ha pedido al Tesoro 15.000 millones de euros para pagar las extras de 2018; el año pasado fueron 10.000. Nosotros proponemos una solución integral para garantizar que las pensiones se vinculen a la evolución del IPC y el equilibrio de las cuentas públicas. En este segundo eje hemos propuesto derogar la reforma laboral y la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para hacer que los sueldos sean mejores. La masa salarial de los trabajadores creció el año pasado un 0,2% y la inflación un 2%, diez veces más. Con sueldos cada vez más bajos y cotizaciones a la Seguridad Social más bajas, el sistema de pensiones se hunde. Y debemos racionalizar muchos de los gastos que tiene la Seguridad Social e imputarlos a los Presupuestos Generales de Estado, como las tarifas planas a los autónomos. Y si no queremos subir las cotizaciones para no incrementar los costes laborales, debemos acudir a otras fuentes de financiación.

-¿Cuáles?

-La Ley de la Seguridad Social reconoce que si con las cotizaciones no basta para equilibrar las cuentas, el Estado puede crear nuevos impuestos. Hemos propuesto dos: un impuesto sobre las transacciones financieras, es decir que paguen los brokers.

-¿Como una tasa Tobin?

-Sí, pero a la española y que ahora existe en Francia, y dos, un impuesto a la banca, como el que existe en Reino Unido. Entre ambos recaudaríamos unos 2.000 millones de euros, más de lo que nos dice el Gobierno que cuesta vincular las pensiones al IPC, que puede estar en torno a 1.650 millones de euros según los cálculos del Gobierno. Hay recursos económicos, lo que no hay es voluntad política.

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