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Jimena estima la deuda en 17 millones y el PSOE pide la fiscalización de la Junta

  • El Gobierno defiende que los datos serán ratificados con la auditoría en marcha · El alcalde acusa a Collado de "herir de muerte" al municipio mientras que el PA propondrá una investigación judicial

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A vueltas con la deuda. El Gobierno local de Jimena encabezado por Guillermo Ruiz (PP) cifró ayer la deuda municipal actual en 17.170.054,32 euros basándose en un informe del interventor accidental, una cantidad muy alejada de los 9.600.000 euros defendidos por el equipo saliente del PSOE a principios de año con los datos de la liquidación de 2010 y que llevaron a los cuatro grupos políticos presentes en el Pleno a entablar un arduo debate en torno a la situación del erario jimenato. El alcalde acusó a los anteriores gestores de "herir de muerte" a la entidad y de cercenar toda posibilidad de obtener crédito.

La diferencia entre cálculos expuesta por el concejal de Hacienda, Pedro Corbacho, sorprendió a todos los grupos; especialmente al PSOE cuyo portavoz, Pascual Collado, dijo no dudar de la cualificación del interventor accidental que ha elaborado el informe de situación pero emplazó a la realización un análisis concienzudo por parte de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía como auténtica garantía contable. El propio PSOE solicitó el pleno -extraordinario y como dación de cuentas- para tratar de atajar y debatir las cifras.

El grupo andalucista, representado por José Antonio Castilla, anunció que pedirá a través de una moción al próximo pleno el traslado de las cifras al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas para que sean miradas al milímetro como respuesta al baile de cifras que presidió la sesión en el nuevo salón de plenos habilitado en un edificio anexo a la Casa Consistorial.

IU, por su parte, reclamó un cambio estructural urgente y un plan de saneamiento para evitar la zozobra municipal, según su portavoz, Francisco Gómez.

Guillermo Ruiz insistió en que se trata de un avance de cuentas ya que se está realizando una auditoría externa (cuyo coste de elaboración asciende a 18.000 euros) que servirá para establecer una cifra exacta con la que poder afrontar la situación. A renglón seguido, el edil de Hacienda expuso que a los 9,6 millones de euros de liquidación de 2010 hay que sumar los acreedores no presupuestarios y las deudas posibles. Entre ellas, y ya con datos a 30 de junio de este año, Corbacho citó la devolución de 450.920 euros al Estado por la PIE (Participación de Ingresos del Estado); otros 340.506,80 de débito con la Seguridad Social y Hacienda; 200.000 euros gastados de la subvención para rehabilitar el Castillo así como pagos a concesionarias de servicios y al Tesorillo.

Todos los conceptos recogidos por el interventor accidental dieron los citados 17 millones.

Precisamente la provisionalidad de la cifra calculada por el gobierno llevó de nuevo a Collado a defender sus datos y, sin dejar de mostrar sorpresa por el aumento de la deuda "en horas" -ya que en la comisión informativa computaron 15 millones en números rojos- emplazó a que el nuevo interventor que llegará en semanas la afine y exponga nuevamente al público, con independencia de solicitar la intervención de la Cámara de Cuentas. "Nos sorprende. Todo está contabilizado. No había un cajón con facturas oculto", insistió.

Los otros tres grupos (PP, PA e IU) cargaron en sus turnos de palabra contra Collado y calificaron de inadmisible que, con los datos aportados ayer, cada jimenato deba 1.700 euros.

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