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Empresarios denuncian en la comarca "extorsiones" que sufren en Marruecos

  • Varios constructores españoles prevén crear grupos permanentes en las instalaciones de Algeciras y Tarifa para hablar a los futuros inversores en el país vecino sobre la situación de "indefensión" que soportan

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Francisco de Arratia habla claramente de "extorsión" y "desamparo" en Marruecos. No esconde esas palabras, no las evita. Al contrario, las enfatiza y recalca. Así, utiliza ambos términos para describir la situación que, según él y el colectivo empresarial que lidera -Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos (AAEM)-, padecen "muchos" inversores españoles en el país norteafricano. Una coyuntura que les ha llevado a unirse y también a programar movilizaciones.

La agrupación elaboró un calendario de protestas, que arrancará el próximo 25 de noviembre con una manifestación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores Español y la Embajada de Marruecos en España. Una iniciativa que preveía llevarse a cabo por primera vez el pasado día 6; pero que se suspendió porque coincidió con la Fiesta del Cordero -esa jornada se celebró en la mayor parte de España, puesto que los países europeos se rigen en esta materia por el calendario de Arabia Saudí, aunque en Algeciras y Marruecos fue el 7 de noviembre-.

Además, AAEM prevé la creación de grupos de información permanentes en los puertos de Algeciras y Tarifa, para trasladar a los futuros inversores en Marruecos la "verdadera realidad" que padece este sector. La asociación elige ambas instalaciones por su importancia logística y estratégica. De hecho, algunas de estas compañías utilizan los puertos campogibraltareños para llevar su material al país norteafricano.

A este respecto, De Arratia explica que la treintena de empresas que aglutina su colectivo perdió en los últimos años más de 200 millones de euros, a causa de las prácticas de "extorsión" desarrolladas por compañías marroquíes. La asociación utiliza el término "piratería empresarial" para referirse a esta situación; amparadas, según dicen, por las autoridades alauitas.

Uno de estos casos enfrenta a la constructora española Torreblanca Construction Maroc -de propietarios sevillanos- y al Grupo Addoha, uno de los conglomerados más poderosos de Marruecos. Según la versión de la empresa hispana, trabajadores de esta compañía marroquí accedieron "a la fuerza" en mayo en una obras de Torreblanca en Tánger, donde construían viviendas sociales, para expulsar a la compañía andaluza de ésta. "Fue despojada de sus bienes, maltratada, humillada y extorsionada en el ejercicio de su trabajo", explican desde AAEM. De Arratia subraya que Addoha había contratado a la sociedad sevillana para este proyecto 18 meses antes de dichos hechos; que éste grupo africano argumentó que Torreblanca no acababa las viviendas -"a pesar de que sólo quedaba un 15%", apuntaron desde AAEM-; y que un jefe de obra español llegó a ser agredido.

"Pero éste no es un hecho aislado. Superamos ya la treintena de empresas. Al principio sólo éramos españoles, pero ahora se nos suman también franceses", apostilló el representante de AAEM. De hecho, algunos medios de comunicación del país galo ya se hicieron eco de estas denuncias y de las de sus conciudadanos. "Las inversiones entran en el país, transcurre un periodo durante el cual funcionan y, después, se las apropian", añade De Arratia.

Así, otro de los casos que narra la Asociación se refiere a la construcción de un complejo residencial en Cabo Espartel (Tánger) por parte de Occibelia. La obra, según la versión de la AAEM, comenzó en 2005, en ésta llegaron a trabajar hasta 350 personas y se desarrolló de acuerdo a los permisos y licencias solicitadas y otorgadas por el Ayuntamiento de la ciudad norteafricana. De Arratia afirmó que, después de concluir el proyecto, las autoridades provinciales ordenaron demoler dos de los edificios. "Se informó que Occibelia no tomaría parte en la demolición y respondieron que ellos mismos se ocuparían de hacerlo, como así fue. Y, a la vez, sin advertir a nadie, tiraron los escombros en una parcela próxima, propiedad de una empresa perteneciente a un parlamentario en Rabat, el cual sorprendentemente denunció inmediatamente a la sociedad española por esa acción, no teniendo otro remedio que indemnizarle con una importante cantidad de dinero", afirmaron desde AAEM.

De Arratia también se refirió al caso de la compañía Crotalon, que habría perdido los avales que entregó para poder realizar unas obras -que finalmente lleva a cabo una empresa marroquí, Socotraco-.

Y todo ello, según denuncia el dirigente de la Asociación, sin que las autoridades españoles hayan adoptado medidas para ayudarlos. "Nos encontramos totalmente desamparados. La embajada en Marruecos no existe, no hay diplomacia. Realmente no se ponen las cosas claras", afirmó De Arratia. Fuentes de Rabat consultadas por este periódico indicaron que la Embajada considera este asunto como "delicado". Y, por otra parte, otras fuentes diplomáticas en Marruecos aseguraron que a De Arratia se le ha recibido siempre que lo ha solicitado y se "han hecho gestiones" para ayudar a los empresarios afectados.

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