Los Barrios

La Justicia condena a nueve exconsejeros de la empresa barreña de Recaudación

  • Entre los señalados se encuentra el exalcalde Juan Montedeoca, que deberá asumir un 30% del déficit

  • Los tribunales eximen de nuevo al Ayuntamiento como responsable subsidiario

Fachada del Ayuntamiento de Los Barrios

Fachada del Ayuntamiento de Los Barrios / Erasmo Fenoy (Los Barrios)

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha condenado a ocho exconsejeros de la Empresa Municipal de Recaudación de Los Barrios (EMRLB) a hacerse cargo con su patrimonio de las deudas que arrastra la compañía, declarada en concurso de acreedores en abril de 2012. La sentencia declara la quiebra de la empresa como culpable y reprueba en total a nueve exconsejeros como responsables. Entre ellos se encuentran los exalcaldes socialistas Alonso Rojas, Ángeles Ariza y Juan Montedeoca, así como los exconcejales Javier Grimaldi y Cristóbal Melgar. El resto de antiguos consejeros son personas ajenas al ámbito político pero que formaban parte del consejo de administración de la mercantil quebrada.

El fallo, emitido en primera instancia y difundido ayer por el Ayuntamiento, exime nuevamente al Consistorio de responsabilidad subsidiaria a la hora de cubrir el agujero que -a falta de la liquidación de la empresa- fue cifrado en 333.956,53 euros por el administrador concursal en el informe con el que se solicitó la apertura del proceso. 

Los nueve exconsejeros son condenados a la inhabilitación para la administración de bienes ajenos por dos años, el mínimo establecido en el orden jurisdiccional mercantil, si bien la condena para asumir la deuda abarca a ocho de ellos. El exalcalde Alonso Rojas no resulta señalado para pagar "por no haberlo solicitado el Ministerio Fiscal en su informe de calificación". 

La magistrada, según el fallo al que tuvo acceso este periódico, condena a la cobertura del 30% del déficit que arroje la empresa al exalcalde Juan Montedeoca. Ángeles Ariza y Javier Grimaldi son condenados a asumir un 1% del déficit mientras que a Cristóbal Melgar se le impone un 3% de las deudas de la empresa quebrada. El resto del porcentaje, hasta alcanzar el 100% de la deuda, se reparte entre el resto de antiguos consejeros. 

La sentencia recoge que "la ausencia de libros contables obligatorios, o de parte de ellos, dada su trascendencia, es un hecho determinante de la calificación culpable del concurso, que afecta al deudor que, resultando obligado a la llevanza de la contabilidad, no presenta los libros de llevanza obligatoria. La ausencia de libros de llevanza obligatoria constituye por lo expuesto un incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad. No es contabilidad la mera acumulación de soportes contables o de hojas en que figuren las operaciones".

El fallo destaca "el hecho de que los administradores de la entidad concursada tuviesen a la par la condición de miembros del Ayuntamiento de Los Barrios no permite inferir una participación del mismo como colaborador en la gestión de la concursada. Es precisamente esa doble condición de administrador-miembro de la corporación local lo que determina la imputabilidad de las actuaciones única y exclusivamente a los consejeros pero no al Ayuntamiento de Los Barrios como entidad de derecho público". Bajo este argumento, la entidad local queda exonerada a pesar de que el administrador concursal (el gestor de quiebra de la empresa) pedía que el Ayuntamiento fuera declarado administrador de hecho o cómplice.

El alcalde, Jorge Romero, emitió una primera valoración del fallo. "Esta sentencia es otra buena noticia porque el Ayuntamiento, y por consiguiente los vecinos de Los Barrios, no tendrán que pagar esta deuda derivada de la mala gestión de los gobiernos socialistas en estas empresas públicas", comentó Romero. 

"La sentencia señala que son los administradores de la Empresa Municipal de Recaudación los que tienen que pagar esa deuda. La ausencia de una contabilidad  y sin rendir cuentas a nadie era la tónica general de la gestión del PSOE en las empresas municipales", valoró el alcalde a través de un comunicado municipal. Romero dijo esperar que el portavoz del PSOE, Salvador Puerto, "se manifieste ante esta tercera sentencia sobre las empresas municipales que les culpa de una gestión desastrosa. No nos sorprende el silencio cómplice del portavoz socialista y su grupo municipal ante estas sentencias. Todavía están a tiempo de pedir perdón al pueblo de Los Barrios por la nefasta gestión del Ayuntamiento y de las empresas municipales con una deuda global de 220 millones de euros que este equipo de gobierno ha tenido que gestionar y reordenar".

El fallo sigue, por tanto, en sintonía con los dos ya emitidos en enero de este año sobre las empresas Agrival y Radiotelevisión de Los Barrios. En sendos casos, el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz culpabilizó a los consejos de administración y liberó al Consistorio de asumir las deudas.

DESEQUILIBRIO

La carga financiera soportada por la Empresa Municipal de Recaudación de Los Barrios, unida a la falta de aportaciones del Ayuntamiento para hacerle frente, provocó la quiebra de la sociedad pública, que entró en pérdidas en el año 2008.La empresa obtuvo ingresos a partir de 2004 en concepto de subvención municipal para el pago de las nóminas de su plantilla, seguros sociales, gastos financieros de las pólizas crediticias y otros gastos de explotación para cuadrar a cero los resultados anuales hasta el año 2007. A partir del año 2008 la situación de equilibro se truncó. Al dejar de entrar dinero municipal para responder a los gastos, la empresa generó pérdidas por 226.753,43 euros en 2008; 391.522,94 euros en 2009 y otros 591.064,36 en 2010. Y, como colofón, el acuerdo alcanzado el 12 de marzo de 2009 por el Ayuntamiento de Los Barrios con la Diputación Provincial de Cádiz para encomendar la recaudación total de tributos supuso el "golpe final" a la sociedad municipal.

Además, la sociedad arrastró durante todo su periodo de actividad deudas con la Seguridad Social y Hacienda, según el informe del administrador concursal. Ya en 2005 se solicitaron a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) aplazamientos para el pago de las cuotas. La deuda fue engrosándose hasta alcanzar los 185.614,23 euros, según un certificado emitido por la TGSS en noviembre de 2012. Con Hacienda, el débito en 2012 ascendía a 32.670,49 euros.

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