Campo de Gibraltar

La Conferencia de Migraciones se cierra sin acuerdos concretos

  • Se apuesta por una acción conjunta, pero no habrá más presupuesto estatal hasta 2019

  • El Gobierno posterga a septiembre el debate sobre la distribución de los menores no acompañados

El pasado mes de julio, España se convertía en la ruta migratoria principal del Mar Mediterráneo, desbancando a Italia. Más de 26.000 personas han entrado de forma irregular en el país en lo que va de año (22.300 por mar) y el sistema de acogida se ha visto desbordado, con comisarías, polideportivos e incluso cubiertas de barcos alojando a migrantes en la provincia de Cádiz ante la falta de espacio preparado para hacer frente al esperado aumento en la llegada de pateras. Los centros de menores hasta multiplican por diez su capacidad. En esa coyuntura, Andalucía, pero también otras comunidades autónomas (especialmente las que más menores migrantes acogen) reivindicaban al Gobierno coordinación y reparto de responsabilidades y para ello el Gobierno convocó ayer la Conferencia Sectorial de Migraciones. Y si la reunión dejó el compromiso de alcanzar una acción conjunta y un pacto de Estado, se cerró sin acuerdos concretos, con la advertencia de que no habrá más presupuesto y postergando para después del verano la cuestión más espinosa y perentoria: la distribución de los menores migrantes entre las distintas regiones.

Esa ha sido una de las grandes reivindicaciones andaluzas en los últimos meses, conforme iba creciendo el número de jóvenes solos llegados a las costas andaluzas y se iban colapsando cada vez más las plazas de acogida. Según los datos del Gobierno, en España hay más de 8.000 menores extranjeros no acompañados tutelados. Y más de un tercio de ellos están en la comunidad andaluza, que los recibe cuando llegan en patera. Se trata de una preocupación compartida por otras autonomías como Madrid, Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que la cuestión se puso sobre la mesa en la reunión.

Así lo reconoció la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante la cumbre. Gobierno y autonomías han coincidido en que hay que actualizar el registro porque los datos del Ejecutivo y las comunidades no cuadran; los responsables autonómicos han pedido una revisión del protocolo marco para los llamados menas (menores extranjeros no acompañados), que data de 2014. Pero todo esto tendrá que esperar a una Mesa de Coordinación Interterritorial del Ministerio de Sanidad en septiembre, mientras que sobre la cuestión del reparto por comunidades, Valerio advirtió que "hay que trabajar con tranquilidad", porque hay comunidades partidarias de cupos y otras que no.

Tampoco tuvieron suerte las autonomías con la demanda de más presupuesto para abordar la cuestión migratoria. "Me encantaría tener un fondo sin fondo para transferir dinero a todo el mundo, pero en estos momentos estamos ejecutando un presupuestos", justificaba Valerio ante esa petición de más ayuda. La ministra comprometió que el Gobierno recuperará en los presupuestos para 2019 el Fondo para la Integración de los Inmigrantes, creado en 2004 por el PSOE pero "abandonado" por el PP desde 2012. También recordó que su Ministerio "acaba de aportar fondos por importe de 30 millones de euros" para reforzar la ayuda de emergencia a los migrantes.

En lo que sí hubo consenso en la Conferencia, órgano que no se reunía desde 2015, fue en la necesidad de una acción "conjunta y coordinada" entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el aumento de la presión migratoria en España.

En este sentido, la ministra destacó que debería alcanzarse un "acuerdo de Estado" en esta materia, como así lo ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada. Además, incidió en que ha habido unanimidad entre las comunidades en cuanto a que tiene que haber una implicación de toda la UE.

En ello insistió también la consejera andaluza de Justicia, Rosa Aguilar, que consideró que "los recursos anunciados no son suficientes" y llamó a trabajar en los países de origen y de tránsito. Junto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, saludó la apuesta de coordinación de las comunidades autónomas y mostró la "voluntad política" de Andalucía de ser parte del pacto de Estado sobre las migraciones, reclamando que sea "integral y transversal" así como que "se haga realidad cuanto antes. Así, urgió a la puesta en marcha de las mesas técnicas para abordar problemas concretos como el derecho de asilo y planes con dotación económica.

Sobre los menores no acompañados que llegan a las costas, especialmente a las andaluzas, Sánchez Rubio, tras agradecer que se celebre esta reunión pues "hace años que no se convocaba", no dejó de recordar el "gran esfuerzo económico y del sistema de protección" que está llevando a cabo Andalucía, teniendo en cuenta que en 2017 y lo que va de 2018 han llegado más de 7.000 menores. "No se puede abordar como un problema de la comunidad en sí, sino que es un tema de coordinación desde el ámbito estatal y debe asumirse con solidaridad por todos los territorios del país", insistió.

Por otra parte y ante las reiteradas críticas del PP sobre los "papeles para todos", la ministra de Trabajo reiteró que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes e incidió en la necesidad de invertir en cooperación en los países de origen de los inmigrantes como "única manera de que no exista efecto huida". "¿Quién ha dicho eso de papeles para todos y cuándo? Nadie del PSOE y nadie del Gobierno ha dicho eso; es un absurdo porque un poco de sentido común tenemos y lo que apostamos es por la inmigración legal", apostilló, señalando también que "sinceramente, este no es aún un país muy atractivo" para ellos.

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