El Ayuntamiento de Algeciras y la Comunidad de propietarios del Edificio Escalinata rubricaron ayer un acuerdo en cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales y administrativas que se han ido dictando en relación a los daños que sufrió el edificio por la construcción del aparcamiento público.

El acuerdo contempla que el Ayuntamiento de Algeciras indemnizará a la Comunidad de Propietarios del edificio Escalinata de Murillo con algo más de 1,3 millones de euros, en cumplimiento de la Sentencia Judicial dictada en el seno del Procedimiento Ordinario 27/2004 y ratificada en la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras.Dicha cantidad incluye todos los conceptos, no teniendo la citada Comunidad de Propietarios nada más que reclamar al Ayuntamiento de Algeciras en este procedimiento.

En virtud de este acuerdo, la cantidad será abonada, antes del 30 de abril de 2019, con cargo a los Presupuestos Municipales actuales, siempre que existan fondos suficientes para realizar este pago. En el caso de que sólo se pueda abonar una parte del total, el resto se hará con cargo a los Presupuestos Municipales del año 2019. Independientemente a que surjan retrasos en la aprobación de dichos presupuestos. El Ayuntamiento se compromete al pago anticipado y parcial, de 40.000 euros, a cuenta de la indemnización total, en el plazo de 10 días desde la notificación de la homologación judicial del acuerdo. Transcurrida la fecha límite, de 30 de abril de 2019, sin que se haya abonado la cantidad pactada, la Comunidad de Propietarios podrá solicitar la ejecución judicial del Auto Homologado de este acuerdo, si se hubiera dictado, o cualquier otra acción judicial procedente en derecho. Asimismo, transcurrida tal fecha sin que se haya ejecutado el pago total, comenzarán de nuevo a devengarse los intereses. A cambio, la comunidad de propietarios desistirá de las acciones legales que mantiene contra el Ayuntamiento ante la Jurisdicción Penal.

Igualmente se instará la suspensión de la ejecución de las diferentes resoluciones judiciales que han acordado el derribo del aparcamiento Escalinata, así como de las oficinas aledañas al mismo.