La inauguración de la Unidad de Trabajo Social, UTS, en la barriada de Benzú, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, estuvo marcada por la disminución de la aportación económica del Gobierno del Estado a los programas que desarrolla este área. Carolina Pérez, responsable de la cartera, estimó que el recorte de la financiación para políticas sociales asciende a más de 500.000 euros.

La consejera, en el acto de presentación de esta unidad de asesoramiento, calculó que al recorte de 240.000 euros del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes dado a conocer en febrero, se suman los más de 250.000 que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha reducido a la propuesta de la Ciudad. De este modo, ambas partidas se sitúan en 600.000 y 1.450.000 euros aproximadamente, como informara este diario.

El recorte del "30 por ciento" en la partida de Trabajo e Inmigración supone que, dentro del plan de acción elaborado por la Consejería, "se prioricen los programas", indicó Pérez, de modo que el servicio de unidades móviles prestado mediante convenio con Cruz Blanca "no se podrá llevar a cabo" este año. "Tenemos que presentar un borrador en Madrid que tiene que estar el 13 de marzo para que nos den el ok o no. Estamos a la espera, pero vamos a priorizar", explicó Pérez.

Cruz Blanca comunicó que garantizará los "máximos puestos posibles" pero no descartan "que algún que otro despido se produzca". La situación plantea un "perjuicio" para la entidad humanitaria, ya que el dinero que se ha desembolsado, en concepto de nóminas en enero, febrero y los días restantes de marzo, corresponde a sus fondos, pero se incluía en el convenio de 2009 con la Ciudad Autónoma y en cuya "continuidad" confiaba.

El equipo que desarrolla su labor en las dos unidades móviles está compuesto por ocho personas, de las cuales se puede dar alguna baja, según Cruz Blanca. "La premisa por parte de Cruz Blanca es que se puedan recolocar en otros servicios a los trabajadores", explicaron desde esta entidad humanitaria.

Los servicios que Cruz Blanca prestaba mediante convenio con el Gobierno autonómico, al ser el fondo que lo sustentaba específico para inmigrantes, eran dos: asesoramiento jurídico, social y sanitario a personas extranjeras en situación irregular en Ceuta, básicamente a fronterizos; y por otro lado se ofrecía servicio a personas de la misma condición extranjera en situación irregular, pero que desarrollan una actividad determinada: la prostitución.

Aunque reconoció la situación de crisis, la responsable del área de Asuntos Sociales no justificó la "tomadura de pelo" del Gobierno central y reprochó que convocara a los consejeros autonómicos en esta materia para "cerrar el convenio" y, con posterioridad, "notificar el descenso mediante un correo electrónico y una carta" tras la decisión tomada por el Consejo de Ministros el 13 de febrero .

Para concluir, la consejera destacó su "descontento" ya que las personas que más lo necesitan son las que se ven afectadas por este tipo de medidas. Pérez puntualizó que las prestaciones están destinadas a familias en riesgo de exclusión social, por lo que la Ciudad afrontará "hasta donde pueda" estos costes e intentará distribuir las ayudas, en palabras de la responsable autonómica.

En cuanto a las cuatro familias desalojadas tras el temporal de poniente, "mientras que una de ellas ya se encuentra con otros familiares, otras dos que cuentan con ingresos suficientes entrarán en la prestación de alojamiento alternativo", en palabras de Pérez, quien asume la dificultad para encontrar un alquiler asequible y para el que se aplicará un baremo para darles a conocer cuál es la aportación del Gobierno. "Otro caso es el que pide una ayuda puntual para el arreglo del techo de su vivienda", destacó Pérez, para añadir que, en la actualidad, las cuatro familias tienen sus necesidades cubiertas y se encuentran alojados en un hostal.