La ley es la ley. Y la administración central se ha marcado hacerla cumplir a pesar de los efectos colaterales de impacto social que puedan generar. Así desde hace unas semanas vecinos de la barriada Miramar Chorrillo han recibido notificaciones de la Delegación del Gobierno con las que se les informa del proceso abierto a través del departamento de Costas para recuperar el dominio público marítimo-terrestre.

Una recuperación que conllevará el desalojo de aquellos vecinos que tienen viviendas en primera zona de playa para su posterior demolición. Pues bien. Conociendo esta situación, la coalición UDCE-IU ha solicitado por carta dirigida al delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, que se tenga en consideración los derechos que hayan podido adquirir los afectados, ya que muchos de ellos llevan más de 30 años residiendo en la barriada. Ese 'tener en consideración' supone el estudio individualizado de los expedientes abiertos a la hora de contemplar cómo se va a llevar a efecto los desalojos, todavía sin fecha en el calendario.

A esta petición la UDCE-IU añade la petición de que se "usen los instrumentos precisos de cooperación interadministrativa existentes entre la Ciudad y la Delegación del Gobierno al objeto de encontrar una salida satisfactoria a la situación de los vecinos que viven en la barriada", concretan.

Con dicha solicitud lo que pretende la coalición es que exista una coordinación que evite que la entrega de viviendas sea tardía o que los afectados queden durante mucho tiempo a la intemperie.

"La Ciudad en múltiples ocasiones ha mostrado su predisposición a la hora de realojar a los vecinos en promociones de VPO.

En el supuesto caso de desalojo forzoso de los vecinos pedimos que ambas administraciones se coordinen y establezcan una intervención coordinada para dar una respuesta automática", añaden.

Flexibilidad, sensibilidad y coordinación entre administraciones es, en resumen, lo solicitado por carta a la administración central.