La Ciudad Autónoma tiene ya una oferta puesta encima de la mesa, destinada a la compra del Brull y que es conocida por la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. En concreto, es un total de nueve millones de euros para la compra del espacio que Defensa pensaba destinar para ofrecerlo al mercado inmobiliario.

Cuando se firmó el II Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma, el compromiso por parte de la Ciudad tras la entrega de una serie de espacios por parte del Ministerio, entre los que se encontraban el acuartelamiento Teniente Ruiz y el campo de deportes del 54, además de una pequeña zona en el Brull para la construcción de viviendas de promoción oficial, era la recalificación de estos terrenos y por tanto del Plan General de Ordenación Urbana para que se declarara zona residencial.

De esta manera, la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa no tenía ningún problema para poner en el mercado estos miles de metros cuadrados que le sirvieran para hacer caja.

Según ha podido conocer esta redacción, las previsiones que había calculado el propio departamento ministerial se centraban en unas plusvalías de entre veinte y treinta millones de euros.

Es decir, que con la venta de terrenos a promotores privados podrían obtener unos ingresos entre los tres mil trescientos y los cinco mil millones de las antiguas pesetas.

¿Qué ha sucedido para que ello no vaya a ocurrir? En primer lugar, que la misma Ciudad Autónoma ha comunicado al Ministerio de Defensa su intención de comprar estos terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial.

Aunque ello, como es lógico, no es suficiente, porque Defensa no actúa, en estos casos, con una política extremadamente social o de compromiso con la Ciudad Autónoma para liberar terrenos que permitan la expansión de un municipio, donde cuentan todavía con el treinta por ciento de todo el suelo.

A la voluntad política de la Ciudad Autónoma le ha venido a ayudar de manera primordial la actual legislación, es decir, la Ley del Suelo que entró en vigor en la primavera de hace dos años.

En este texto queda meridianamente claro que el Ministerio de Defensa no podría disponer de todos esos terrenos para su puesta en valor en el mercado inmobiliario, ya que existen una serie de especificaciones que debería cumplir y destinar una parte de los mismos a viviendas de protección oficial. Con lo cual, las citadas plusvalías que esperaban, entre veinte y treinta millones de euros, se reducirían bastante, con lo cual la oferta puesta encima por parte de la Ciudad Autónoma, nueve millones de euros es interesante .