Campo de Gibraltar

El SAS deberá indemnizar con 30.000 euros a una paciente por un error de grupo sanguíneo en un trasplante

  • A causa de su enfermedad renal crónica, la mujer recibía tratamiento con hemodiálisis en el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar

Entrada del hospital Puerta del Mar, donde se le realizó el trasplante. Entrada del hospital Puerta del Mar, donde se le realizó el trasplante.

Entrada del hospital Puerta del Mar, donde se le realizó el trasplante.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberá indemnizar con 30.478 euros a una paciente a la que por error se le trasplantó en Cádiz un riñón procedente de un donante con un grupo sanguíneo diferente al suyo, lo que provocó un rechazo agudo que obligó a intervenirla de nuevo de emergencia y realizarle un explante renal.

Así se desprende del dictamen que ha emitido el Consejo Consultivo de Andalucía en relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el SAS en respuesta a la reclamación de esta paciente, que inicialmente solicitaba una indemnización de 431.372 euros.

A causa de su enfermedad renal crónica, la mujer recibía tratamiento con hemodiálisis en el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar desde 2014, lo cual motivó su inclusión en lista de espera del protocolo de trasplantes renales.

Fue catalogada como receptora del grupo sanguíneo A y en consecuencia incluida en lista de espera para trasplante renal en el Hospital Universitario Puerta del Mar dentro de los pacientes con este grupo sanguíneo.

El trasplante se realizó el 2 de abril de 2017, tras lo que se detectó un rechazo agudo y se decidió reintervenir de emergencia a la paciente en la madrugada siguiente, realizándose explante renal que confirmó la trombosis y la necrosis del injerto con el diagnóstico de alta sospecha de rechazo hiperagudo.

Los facultativos llegaron a la conclusión de que se trataba de un caso de rechazo hiperagudo producido por incompatibilidad de grupo sanguíneo, siendo la receptora grupo B y el órgano trasplantado del grupo A.

El Consejo Consultivo no ve duda de que existió un "mal funcionamiento del servicio público" aunque ve "abultada" la petición de la paciente, al tiempo que ve injustificado el informe pericial con el que pretende evidenciar las secuelas por las que solicita indemnización, que reduce de los más de 400.000 euros a 30.478.

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