Nuevo intento de urbanizar Guadalquitón. La empresa Guadalquitón Inversiones ha solicitado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para el Plan Parcial de Ordenación del sector 01-GL-Guadalquitón. Se trata del documento que permitiría la edificación de esta zona. Es zona protegida y declarada no urbanizable por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) y por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Además, estos suelos se van a incorporar al parque natural de Los Alcornocales, gracias al Decreto e ampliación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que tras superar todos los trámites administrativos, está muy cerca de su aprobación definitiva.

La empresa propone la construcción de 1.901 viviendas de uso residencial, en unos 195.917, 45 metros cuadrados; y 3.285 plazas hoteleras en 114.987,80 metros cuadrados. También se plantean 713 apartamentos turísticos y 23.000 metros cuadrados son para uso comercial.

Guadalquitón está incluida en la futura ampliación del parque de Los Alconorcales

Guadalquitón Inversiones divide los terrenos en dos enclaves: sur y norte. En el primero, con una superficie de 109.933 metros cuadrados, se destaca la construcción de 1.334 viviendas, un hotel de 1.473 habitaciones y un centro comercial en 2.700 metros cuadrados restantes.

En el enclave norte se citan 567 viviendas, un hotel de 18.13 habitaciones y 713 apartamentos.

La promotora indica que tras los informes de los servicios técnicos municipales se ha reducido la intensidad edificatoria para adecuarse a la normativa del Plan General. Antes de esta fecha se planteaban 2.800 viviendas residenciales turísticas en una extensión de 579.047 metros cuadrados.

El concejal de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, explicó que la empresa ha presentado su plan parcial a la Junta. "En 2002 se aprobó y el Supremo lo declaró nulo", recordó Ordóñez, quien asegura que siguen adelante porque cuando compraron los suelos su titularidad era urbanizable.

EL Plan del Corredor Litoral de Andalucía, aprobado en mayo de 2015, supone el blindaje de esta zona que tiene una superficie total de 200 hectáreas. El PGOU de San Roque, aún vigente es de 1987, por lo que en él constan aún como urbanizables.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, no obstantes, sí los incluye y por tanto están protegidos a día de hoy. La asociación ecologista Verdemar ha realizado alegaciones tras ser informada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente, para lo que tiene un plazo de 45 días.

Verdemar indica que el Plan Parcial vulnera las determinaciones de la planificación territorial vigente, pues contradice las normas de aplicación directa del Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar y del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que prohiben la construcción de viviendas y hoteles en la finca

Además, añade que choca con la futura inclusión de la finca en el Parque Natural Los Alcornocales (pendiente de aprobarse en este ejercicio 2017), que ordena como únicos usos compatibles lo actuales forestal y ganadero, y en virtud de la protección cautelar que la Ley de Patrimonio Natural otorga, no puede aprobarse un desarrollo urbanístico que hará imposible alcanzar los objetivos del futuro espacio natural.

Los ecologistas sostienen además, que contradice la reclasificación urbanística de la finca a "suelo no urbanizable de especial protección", como prevé la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque cuya tramitación ya se ha iniciado, dando así cumplimiento lógico a toda la planificación territorial y ambiental. Por lo que debe evitarse el absurdo de llegar a aprobar un Plan Parcial que devendrá incompatible con la ordenación futura del municipio y no podrá siquiera ejecutarse, máxime cuando deberá suspenderse su tramitación conforme al artículo 27 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Los promotores, según los ecologistas aportan un Documento Ambiental Estratégico "repleto de argumentaciones infundadas y sesgadas acerca de la supuesta inaplicabilidad de los planes territoriales, y acompañan un informe interesado sobre flora que diagnostica una presunta ausencia de flora protegida y amenazada en el sector de la finca que se urbanizaría, ignorando la localización real y oficial de esas especies".

Finalmente, Verdemar añade que la empresa "juega al chantaje" cuando afirma que el rechazo al Plan Parcial acarrearía la obligación de las administraciones competentes de indemnizarles por las expectativas urbanísticas frustradas (532 millones de euros), ocultando la doctrina del Tribunal Supremo que niega tal derecho indemnizatorio cuando aún no se han llegado a aprobar el Plan Parcial y el posterior Proyecto de Urbanización.