La campaña de vacunación en Andalucía sigue centrada en vacunar a los cerca de 850.000 andaluces con más de 60 años que aún no han recibido la primera dosis después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado desestimar la propuesta planteada por algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, de permitir la administración de la vacuna de Astrazeneca para la población con menos de 60 años que, voluntariamente, lo hubiera solicitado. Los argumentos para este rechazo son de naturaleza jurídica, ética e inmunitaria.

Al ritmo de unas 300.000 vacunas semanales –en la última semana se han puesto 350.000 y ésta Andalucía recibirá poco más de 270.000–, la población de más de 60 años podrá ser primovacunada en alrededor de tres semanas; es decir, a mediados de mayo. En ese momento, habrá alrededor del 25% de Andalucía estará con al menos una dosis puesta, incluido el 6% que suponen las personas con menos de 60 años ya vacunadas de profesiones sanitarias y otras dedicaciones esenciales.

El Consejo Interterritorial, un foro en el que los técnicos y los responsables sanitarios del Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas discuten, acuerdan y dictan las políticas relacionadas con la pandemia, expuso este miércoles en la última actualización del plan de vacunación las razones por las que no considera “oportuno” ofrecer la fórmula de Astrazeneca a voluntarios con menos de 60 años.

De un lado, figura en el texto, que “si aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada”, refiriéndose a las dudas que provoca el preparado de Astrazeneca por la aparición de puntuales efectos adversos, “el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma sería muy discutible”. Aparte, “la vacuna no puede ser a demanda o elección de los individuos, so pena de socavar los principios y valores éticos”, continúa el texto, que concluye con un razonamiento inmunitario de la estrategia: en un contexto de escasez de recursos, es necesario seguir priorizando en la población más vulnerable, la que tiene más de 60 años. En Andalucía, cerca del 90% de las muertes a lo largo de la pandemia sobrepasaban esa edad.

El plan de vacunación en España es poco dado a los experimentos. Desde el principio, el Consejo Interterritorial ha obviado las propuestas que acarreaban el más mínimo riesgo. En las decisiones del Consejo Interterritorial, en el que la voz ministerial es algo que más una mera voz, ha prevalecido el criterio científico más consolidado y el estricto garantismo judicial. Algunas políticas llevadas a cabo, como las decididas este miércoles, han aglutinado la crítica de sectores de la industria y de la profesión médica. El listado de rechazos, con todo, no cabría en esta página, aunque cabe subrayar que las dos últimas propuestas desestimadas han sido planteadas, entre otra autonomías, por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Ni retrasar la administración de la segunda dosis de los fármacos de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) ni admitir la vacunación voluntaria con la fórmula de Astrazeneca para personas con menos de 60 años que así lo solicitaran.

El plan vacunal continúa por tanto en Andalucía tal como se ha desarrollado en las últimas semanas, pero con el último refuerzo del preparado de Janssen –unidosis–, cuya indicación es sólo para la población septuagenaria, al menos de momento. A este grupo de edad, así como a los mayores de 80 años aún pendientes de completar la pauta de dos dosis, se les administrará también los fármacos de ARNm. Las de Astrazeneca, por su parte, se emplearán para vacunar a las personas de entre 60 y 65 años para seguir, a continuación, con los que tienen entre 66 y 69. En cuanto a los trabajadores de progresiones esenciales con menos de 60 que han recibido la primera dosis de Astrazeneca, “se decidirá próximamente”, según señala el documento acordado por el Consejo Interterritorial. Quienes estén aún pendientes en esos colectivos de la primera dosis, añade el documento, se pondrán las vacunas disponibles después de que se haya inmunizado al grupo de más de 60 años, que es la prioridad “debido a su mayor riesgo de enfermedad grave y muerte”.