La desescalada del estado de alarma en los juzgados del Campo de Gibraltar se presenta problemática y, como poco, a un ritmo sensiblemente más lento que en el resto de sectores. La falta de espacios suficientemente amplios como para mantener la distancia de seguridad y de medios telemáticos para desarrollar actividades como las tomas de declaraciones a distancia, no digamos ya los juicios, hace por el momento inviable que el día a día se pueda retomar al mismo ritmo que antes. Y lo que es peor, sin que se puedan sacar adelante todos los asuntos que han ingresado en los juzgados de la comarca estos dos últimos meses.

“No me quejo ni del esfuerzo ni de la disponibilidad de los responsables de la Consejería de Justicia en Cádiz porque me consta su preocupación, pero es en situaciones como esta cuando quedan al aire las vergüenzas”, apunta el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz.

La parálisis de la actividad judicial a causa del coronavirus pone de relieve la precariedad de medios con la que cuenta aún la Administración de Justicia en el Campo de Gibraltar pese a las inversiones llevadas a cabo en los últimos años. La vuelta al trabajo de los funcionarios es posible con las recomendaciones hechas en materia sanitaria, aunque las sedes -al menos, en el caso de Algeciras- no están preparadas a juicio del decano para asumir el trasiego de personas habitual con un mínimo de seguridad que evite la posibilidad de contagio.

“Se ha hecho alguna comparecencia [telemática] gracias a la buena voluntad de la Policía Nacional, pero con muchas complicaciones. El sistema no es práctico”, afirma el decano

A esta situación, común en otras sedes judiciales antiguas, se añade la falta de medios tecnológicos para paliarla o hacerla más llevadera. Ruiz explica que se ha habilitado, en teoría, un sistema para la toma de declaración de personas en prisión para evitar que tengan que ir a los juzgados, pero lo cierto es que no es ágil. “Se ha hecho alguna comparecencia gracias a la buena voluntad de la Policía Nacional, pero con muchas complicaciones. El sistema no es práctico”, afirma el decano.

Colapso en lo Social

La situación es especialmente compleja en los juzgados de lo Social. Antes de decretarse el estado de alarma y de suspenderse la actividad en las sedes judiciales, las vistas se estaban programando para el año 2022. Las perspectivas pintan mal: los ERTE aprobados por centenares de empresas en la comarca pueden desembocar a medio plazo en un aumento exponencial de la litigiosidad en el ámbito laboral. Otro tanto puede ocurrir como consecuencia de los despidos. “De servicio esencial hemos pasado a ser un servicio esencialmente prescindible”, ironiza Alberto Ruiz.

Otro factor añade incertidumbre: faltan funcionarios. A diferencia de lo que sucedía meses atrás, la plantilla de jueces en la comarca está cubierta prácticamente, pero no ocurre lo mismo con la de los trabajadores de los juzgados, donde las bajas, las excedencias sin cubrir y otras circunstancias han dejado un hueco de una treintena larga de personas.

El Gobierno andaluz es consciente de estas deficiencias. Prueba de ello es que la semana que viene, Sofía González Gómez, secretaría general de Justicia e Interior en Cádiz, ha anunciado su visita a las sedes judiciales de Algeciras para conocer en detalle y de primera mano la situación.