Los jueces y magistrados no están por la labor de trabajar en el mes de agosto para sacar adelante los miles de asuntos que han quedado aparcados durante los dos meses de confinamiento por la Covid-19, tal y como les ha pedido el Ministerio de Justicia. Y no lo están no porque no sean los primeros interesados en tratar de aliviar el atasco de litigios acumulados, sino porque a efectos prácticos sería desvestir a un santo para vestir a otro.

En una circular con fecha de este jueves, 14 de mayo, y firmada por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el máximo responsable del alto tribunal andaluz insta a los jueces y magistrados a “concentrar sus días de vacaciones en el mes de agosto, salvo quienes cubran las necesidades de permanencia durante dicho mes” y a intensificar “en julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias”.

Dicha circular hace referencia a las instrucciones que, en idéntico sentido, dio el pasado lunes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando acordó que las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia deberían aprobar antes del 1 de junio el régimen de permanencia de los jueces y magistrados durante el período ordinario de disfrute de las vacaciones. El primer criterio para ello, indicó ya el órgano de gobierno de los jueces, debería ser “la concentración en el mes de agosto del período de disfrute de vacaciones de jueces y magistrados”.

Muchos jueces, por no decir la totalidad, han seguido trabajando durante el periodo de confinamiento en sus domicilios y, una vez que han podido acudir a los juzgados, han estado sacando adelante temas pendientes, previos a la declaración del estado de alarma.

Obviamente, no se ha podido avanzar en todos los asuntos que han ingresados en los juzgados durante el estado de alarma a causa de la suspensión de la actividad y es ahí donde está el principal problema, especialmente en los juzgados de lo Social, encargados de resolver cuestiones relacionadas con los nuevos ERTE y ERE y que ya presentaban una litigiosidad fuera de lo normal.

Diferencias con el ministerio

La decisión de los jueces deja en evidencia sus diferencias con el Ministerio de Justicia y con su titular, Juan Carlos Campo, que el pasado miércoles -un día antes de la circular suscrita por Del Río- logró que el Congreso convalidase, con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos, el decreto-ley de "medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia".

Es en ese texto donde se habilitaban veinte días en agosto, entre el 11 y el 31 (con excepción de sábados, domingos y festivos), para que los juzgados trabajen, aunque sus efectos serán nulos teniendo en cuenta la decisión del CGPJ y TSJA. El decreto, además, deberá tramitarse como proyecto de ley y sujeto, por tanto, a modificaciones vía enmienda.

Justicia niega que hay un pulso

Desde el Ministerio de Justicia se niega que existan diferencias con los jueces. "No hay ningún pulso, todo lo contrario. Es una actuación coordinada. Nunca se ha dicho nada de celebrar juicios en agosto sino que corran los plazos y sean hábiles esos días. De la misma manera en que acordamos habilitar el mes de agosto, CCAA, CGPJ, FGE y Abogacía acordamos en el seno de la comisión de crisis sugerencias para limitar actuaciones y que se concentre una menor carga de trabajo en ese periodo", apuntan fuentes del citado departamento.

"Tanto el CGPJ como el Ministerio", añadieron, "se están tomando medidas organizativas para implementar esa habilitación excepcional y parcial del mes de agosto a fin de que sirva para impulsar la actividad sin perjudicar a los profesionales del sector".