Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian el “abandono inaceptable” del Gobierno y exigen protección especial para Cádiz y el Estrecho

La paciencia se agota entre los agentes que patrullan el sur del país. La Guardia Civil ha vuelto a alzar la voz —esta vez con fuerza y desde dos de sus principales asociaciones, Jucil y AUGC— para denunciar lo que califican como un “abandono institucional inaceptable” por parte del Ministerio del Interior. Andalucía, y muy especialmente Cádiz, viven una situación “insostenible” en materia de seguridad, marcada por el avance del narcotráfico, la falta de medios materiales y humanos y la ausencia de reconocimiento a quienes cada día “se juegan la vida en el Estrecho”.

La asociación Jucil, mayoritaria dentro del Instituto Armado, ha mantenido una reunión con el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, representado por el diputado José Ricardo García, portavoz en la Comisión de Presidencia e Interior. En el encuentro, los representantes de Jucil, Ernesto Vilariño (secretario general) y Melisa Carmona (secretaria nacional de Riesgos Laborales y Suboficiales), expusieron una lista de reivindicaciones que resumen el malestar creciente del cuerpo: equiparación salarial con las policías autonómicas y locales, reconocimiento de la profesión de riesgo, jubilación digna, turnos más humanos (6x6) y embarcaciones y recursos adecuados para combatir el crimen organizado en el litoral andaluz.

“La Guardia Civil no puede seguir siendo tratada como un cuerpo de segunda dentro del sistema de seguridad pública”, subrayó Ernesto Vilariño, que acusó directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska de mantener un “abandono continuado” hacia los agentes. “Mientras seguimos luchando contra el narcotráfico y la inseguridad, el Ministerio continúa negando los recursos, la protección y el respeto que merecen quienes garantizan la seguridad de todos los españoles”, denunció.

Desde Jucil también reclaman dotar de pistolas táser y cámaras unipersonales a las patrullas, como medidas básicas de seguridad y protección jurídica. “Defender la Guardia Civil es defender la seguridad de los ciudadanos. No pedimos privilegios, exigimos justicia, igualdad y dignidad”, concluyó Vilariño.

Cádiz, epicentro del malestar

Mientras Jucil apela a los parlamentos autonómicos y europeos en busca de respaldo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha alzado una voz paralela desde Cádiz, uno de los territorios donde la presión del narcotráfico y la inmigración irregular es más intensa.

“Proteger el Estrecho es jugarse la vida cada día; lo mínimo es que el Estado proteja también a quienes lo hacen posible”, ha defendido Víctor Carrasco, secretario provincial de AUGC Cádiz, que ha reclamado la declaración de Zona de Especial Singularidad para esta provincia. Una medida que, según explica, no solo supondría una compensación económica, sino también una “protección real” para que los agentes puedan trabajar en condiciones seguras y dignas.

“Cádiz es una zona especial donde se unen la entrada del tráfico de hachís, la inmigración irregular y la actividad de las plantaciones de marihuana en la Sierra. Necesitamos medios materiales y humanos reales”, subraya Carrasco. “No es de recibo que un Guardia Civil no sea profesión de riesgo. Sufrimos un agravio profundo respecto a otros cuerpos y necesitamos esa declaración para tener una jubilación digna y restaurar el principio de autoridad”.

Una lucha común

Ambas asociaciones coinciden en el diagnóstico: falta de medios, pérdida de efectivos y desprotección institucional en una de las zonas más complejas de Europa desde el punto de vista policial. A la presión del narcotráfico se suma el aumento de agresiones a agentes, el desgaste psicológico y el desánimo ante lo que consideran una falta de reconocimiento por parte del Gobierno central.