Campo de Gibraltar

La depuradora de San Roque incumple la normativa de aguas residuales

  • La mayoría de las muestras de la EDAR analizadas contravienen la legislación

  • El Gobierno central es el encargado de construir una nueva, pero aún carece de plazos y presupuesto

La depuradora de San Roque incumple la normativa de aguas residuales

La depuradora de San Roque incumple la normativa de aguas residuales

La depuradora de San Roque es la estación de depuración de aguas residuales que peor estado presenta de la comarca según un informe del grupo Ecologistas en Acción, que ha analizado para el período 2013-2015 el grado de cumplimiento de las instalaciones en funcionamiento en las ocho provincias andaluzas. Para verificar su estado de salud, los ecologistas han analizado la evolución del grado de incumplimiento del Real Decreto 509/1996, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como los requisitos de los vertidos.

El estudio señala que las instalaciones de San Roque están entre las 20 peores depuradoras de toda Andalucía por incumplir lo permitido por norma, y durante el ciclo de tres años, en casi la totalidad de las muestras para los parámetros DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno) y sólidos en suspensión. La depuradora sanroqueña aparece en el listado de las instalaciones que incumplen la normativa en el año 2013 junto a la de Guadiaro y Los Barrios. En 2014 repiten Guadiaro y San Roque y en 2015 las depuradoras con mayor incumplimiento de la normativa son las de Facinas, Los Barrios y, por tercer año consecutivo, San Roque.

La organización ecologista detalla que la estación sanroqueña sobrepasó lo permitido en 14 de las 16 muestras para DBO y en 10 para DQO en 2013. En 2014, incumplió en 4 de las 7 muestras para DBO y en todas para la DQO, y en 2015 volvió a repetirse el mismo resultado para DBO, quedando en seis para la DQO.

Los ecologistas mencionan en su informe que la evolución desde 2013 indica un incremento paulatino de depuradoras que funcionan mal, con la única excepción de la provincia de Málaga, que es la única que mejora en 2015 los resultados del año anterior. Aún así, hay más de 60 depuradoras en toda Andalucía que incumplen la norma en esos tres años, entre ellas municipios muy importantes tanto por el número de habitantes como por la zona donde vierten. Entre esas localidades figura San Roque para la provincia de Cádiz junto con Sanlúcar de Barrameda, Barbate y El Puerto de Santa María. "Además, se da la circunstancia de que en esos municipios los ciudadanos están pagando para que sus aguas residuales se depuren adecuadamente, lo que supone algo más del 20% del importe total de la factura del agua, con una ligera variación de unos municipios a otros. Ese dinero está siendo cobrado a los ciudadanos por un servicio que, o no se está dando o se está dando de manera deficiente", añaden los responsables de Ecologistas en Acción en su informe.

En su opinión, Andalucía no puede esperar más tiempo para completar el ciclo de depuración para evitar que "se sigan produciendo vertidos a cauces, causando impactos sobre la salud de las personas, sobre el medio ambiente y sobre la economía".

"Es urgente -continúan- la puesta en marcha de las infraestructuras pendientes declaradas de interés por la Junta de Andalucía y el Estado".

El proyecto de una estación de aguas residuales para los municipios de San Roque y Los Barrios, los más necesitados de unas nuevas instalaciones, ya fue declarado de interés general por el Gobierno de la nación. La propuesta, valorada inicialmente en unos 50 millones de euros, no tiene aún presupuesto ni fecha para su inicio, aunque sí el compromiso del Estado de que será esta administración quien lo lleve a cabo.

La necesidad de disponer de esta gran depuradora ha sido expuesta en diversos foros en los que se han solicitado ayudas europeas o subvenciones para la construcción de la infraestructura. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar así lo indicó en su documento de necesidades para frenar los efectos del Brexit y en las inversiones a realizar con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI).

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