Las asociaciones de mujeres de la provincia de Cádiz exigen a la Junta de Andalucía una solución al problema sobrevenido a finales de 2019, cuando un cambio en el criterio de reparto de las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer ha dejado a 241 entidades de toda Andalucía sin subvenciones. En la provincia gaditana hay 39 asociaciones perjudicadas, parte de ellas en el Campo de Gibraltar.
Las entidades tienen previsto reunirse este miércoles en Córdoba para unificar su actuación ante la administración autonómica. "El cambio de criterio ha provocado que los 4 millones que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) suele conceder a proyectos dirigidos a luchar contra la violencia de género, contra la exclusión social sufrida por las mujeres y a fomentar la participación de la mujer, se concediese financiando la totalidad de los proyectos con mayor puntuación contradiciendo el primer reparto que se comunicó en octubre y que repartía el crédito entre más proyectos y ONG", detallan las asociaciones en un comunicado.
Según las organizaciones, este cambio de criterio ha supuesto que 241 ONG no recibirán este año los fondos públicos necesarios para su funcionamiento "comprometiendo el desarrollo de sus proyectos que benefician a miles de mujeres en Andalucía".
Las entidades manifiestan su rechazo y reclaman a la Consejería de Igualdad una solución que corrija el perjuicio causado teniendo en cuenta que estas subvenciones se aplican con carácter retroactivo. "En la mayoría de los casos es un dinero que las entidades ya han gastado e invertido puesto que eran fondos aplicados a actuaciones realizadas durante el año 2019, lo que deja a muchas de ellas en una situación muy complicada para su subsistencia. Por esta razón abogan por una aplicación del criterio anterior hasta que se clarifique en las bases la manera correcta el modo de reparto de los fondos", apuntan.
Las entidades anuncian acciones conjuntas a nivel provincial y en conjunto con entidades de toda Andalucía que irán en la línea de la búsqueda de soluciones técnicas y políticas encaminadas a que la sociedad andaluza conozca por parte de las propias ONGs cuál es el problema creado a raíz de esta situación y destinadas a minimizar el oportunismo partidista e ideológico con el que determinados partidos o sectores de la sociedad están tratando este asunto.
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