El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, respondió ayer a la denuncia que el partido Unidad Liberal por Tarifa (ULT) interpondrá ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la concesión del crédito ICO con sendas acusaciones vertidas contra los dos concejales de la formación independiente a través de un comunicado de prensa que éstos rechazaron.

Gil acusó a Carlos Núñez de tener pendiente una deuda con la administración municipal que a efectos prácticos recae sobre su padre y a la concejal María González de "ocupar ilegalmente" un piso de maestros en Facinas mientras que la edil aludida refiere tener documentación para disfrutar del inmueble dada su condición de funcionaria educativa.

Una acción que el alcalde justifica en verse "acosado" por una campaña en su contra desde ULT. "Me he visto siendo el objetivo de acoso de una campaña mediática emprendida por la oposición en la prensa escrita de la comarca y es justo desvelar asuntos turbios que implican a aquellos ediles que, curiosamente, intentan desprestigiarme", justifica el comunicado.

El regidor tarifeño anunció a través de la nota oficial la apertura de una investigación sobre la "posible incompatibilidad de Carlos Núñez como concejal de la oposición y deudor tras la resolución de un expediente sancionador por delito urbanístico". Según Gil, Núñez debe 98.000 euros de una sanción urbanística por una obra de 120 metros cuadrados realizados en la azotea de su vivienda familiar y que no ha podido ser legalizada por ser incompatible con el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior).

Núñez replicó que la obra aludida es un palomar que no supera los 60 metros cuadrados de superficie y hace las veces de lavadero, además de no ser habitable por estar cubierto con chapas y que forma parte de la vivienda desde hace décadas. El concejal señaló que en 2010 se solicitó licencia de obras para rehabilitarlo y que fueron precintadas por Urbanismo poco después. Desde entonces la obra permanece paralizada a la espera de ser restituida la legalidad, según un acuerdo con Urbanismo. "En todo caso, la sanción es para mi padre. Yo solicito la licencia de obras y la sanción está a mi nombre porque mi padre tiene una discapacidad y no puede valerse por sí mismo. Además, de restituirse la legalidad como tenemos previsto y hablado con Urbanismo la sanción quedaría anulada", comentó. Núñez aportó las escrituras de la vivienda (en Batalla del Salado) que consta a nombre de su progenitor mientras que en la solicitud de licencia de obras es el concejal, quien actuó en 2010 como solicitante.

Sin embargo, el alcalde también se aventuró a vaticinar el resultado de la investigación sobre el presidente y portavoz de ULT. "Quizá en unos meses podamos anunciar que Carlos Núñez tendrá que dejar su cargo como concejal de la Corporación municipal", así como que un edil no puede ser deudor de las arcas municipales. Una afirmación que no se sustenta en el capítulo primero del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF) donde se recogen los supuestos para la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de concejal y que remite en uno de sus apartados a la Ley del Régimen Electoral General, donde tampoco se recoge el planteamiento de Gil como un caso de incompatibilidad.

En el caso de la otra concejal de ULT, María González, la nota le acusa de ocupar ilegalmente una vivienda para profesores de Primaria en Facinas sin contrato de alquiler y teniendo en Tarifa viviendas de su propiedad. La concejal replicó posee el usufructo del piso y recibos a su nombre desde 2006 merced a un documento firmado por el que fuera alcalde de Facinas, Sebastián Álvarez. "Es más, mantengo el piso en condiciones de habitabilidad y documentos que acreditan la legalidad", sostuvo.

Núñez y González invitaron personalmente a Gil a reunirse con ambos para mostrarle los documentos necesarios.

Además de estas explicaciones, ambos concejales señalaron que denunciarán al alcalde acusándole de difamación con uso de medios públicos, así como que no tuvieron posibilidad de réplica de cara a la elaboración de la nota que consideran sesgada y manipulada. Los dos ediles insistieron en que la televisión municipal de Tarifa aplica sobre el grupo político al que representan un veto que ya ha sido denunciado ante el Consejo Audiovisual de Andalucía.