Verdemar Ecologistas en Acción criticó ayer la intención del Ayuntamiento de La Línea de recalificar a través del próximo Plan General de Ordenación Urbanística una parte del área incendiada en el verano de 2016 entre Santa Margarita y La Alcaidesa, en los parajes de Portichuelos, San Antonio y Gibraltar-Playa. Algo que los ecologistas estiman inviable por vulnerar lo establecido en la Ley de Montes, además de estimar que la superficie prevista sería "importante".

En la zona, según aclaró el alcalde linense, Juan Franco, a preguntas de este periódico se plantea ocupar apenas un 10% de la superficie que se calcinó para uso hotelero y preservar el resto como zona protegida, aunque apuntó que se trata de una idea en una fase muy primigenia.

Se propone ocupar un 10% del suelo, pero si la Junta no lo permite, no se hará"

Para los ecologistas, el complejo planteado por el municipio "no tendría ninguna posibilidad de prosperar, pues se localizaría en terreno forestal incendiado y no cumpliría con el requisito de que concurran razones imperiosas de interés público de primer orden para que opere la excepción de cambio de uso antes de que transcurra el plazo de prohibición general de 30 años".

Juan Franco replicó apuntando que el debate planteado por los ecologistas es muy prematuro, dado que el plan general está ahora dando sus primeros pasos. "Por ahora no hay ni documento de avance del PGOU. Sólo tenemos aprobado un catálogo de bienes protegidos", dijo.

Sobre la actuación que se plantea en los terrenos de Santa Margarita, Franco sostuvo que se propone ocupar apenas un 10% de la superficie calcinada hace ahora dos veranos para uso hotelero "porque de algo tendremos que vivir en este pueblo" y preservar el resto como espacio protegido. "No obstante, todo depende de los trámites y de la normativa. Es una idea respetuosa con una ocupación muy baja, pero si la Junta no lo permite, no se hará", garantizó el regidor.

Con el PGOU actual se planteó la tramitación de una modificación para levantar un complejo hotelero en esta misma zona promovido por Novarent. La Junta de Andalucía cerró toda opción a principios de 2017 apelando a la Ley de Montes.